El choque de versiones con el Gobierno por el asedio a la Corte Suprema de Justicia

Los hechos sucedidos el jueves 8 de febrero frente al Palacio de Justicia, cuando un grupo de manifestantes asedió a la Corte Suprema de Justicia para reclamar la elección inmediata de la sucesora del fiscal Francisco Barbosa, que terminó ayer lunes su periodo, abrió una discusión entre quienes lo califican “de extrema gravedad” como quienes afirman lo contrario.

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En una orilla están los magistrados de la totalidad de las cortes y del otro el presidente Gustavo Petro y militantes reconocidos del Pacto Histórico, el oficialista partido de Gobierno.

“El jueves, cuando se dio todo este tema, la Corte Constitucional sacó un comunicado de apoyo a la Corte Suprema de Justicia porque básicamente estábamos asistiendo a una posible incursión violenta, a la fuerza, a las instalaciones de la Corte Suprema y eso nos pareció demasiado grave”, le dijo a EL TIEMPO el nuevo presidente de la Corte Constitucional, magistrado José Fernando Reyes Cuartas.

“La Corte lo entendió y lo dijo en el primer párrafo de su comunicado, que la protesta y la manifestación pública es legítima y tiene que auspiciarse, pero lo que se tiene que deslegitimar es la consecución de las metas por objetivos violentos y lo que estábamos viendo era violencia, por eso se repudió”, argumentó el jurista.

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En el otro costado, María Fernanda Carrascal, representante a la cámara del Pacto, afirmó en su cuenta de X: “Dizque presiones indebidas a la Corte por exigirles que cumplan con una función administrativa, no una jurisdiccional. Qué narrativa perversa de la oposición, la política y la mediática, para seguir estigmatizando la protesta”.

La parlamentaria incluso redujo el número de manifestantes que protagonizaron los hechos frente al Palacio al tiempo que le quitó valor a lo sucedido: “No hubo ningún asedio”, dijo. “Hubo 3 saboteadores que fueron detenidos por los manifestantes y controlados por las autoridades por orden del Presidente”.

La acción violenta frente a la Corte fue realizada por una fracción de máximo 10 segundos por 5 o 6 personas, en ningún momento se vió amenazada la integridad de los Magistrados, los mismos manifestantes mayoritariamente controlaron esa situación que fue marginal de cara a todas…

Para el presidente de la República, Gustavo Petro, los autores fueron cuatro. “Las informaciones que tenemos nos dicen que un grupo coordinado de 4 personas ajenas por completo a las manifestaciones bloqueó por 10 segundos la puerta de reja del Palacio de Justicia y retrocedieron ante la oposición de los manifestantes”.

Previamente a estos pronunciamientos, la nueva superintendente de Industria y Comercio, la abogada Cielo Rusinque, aseguró que fueron “5 o 6 personas”.

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“La acción violenta frente a la Corte fue realizada por una fracción de máximo 10 segundos por 5 o 6 personas, en ningún momento se vio amenazada la integridad de los magistrados, los mismos manifestantes mayoritariamente controlaron esa situación que fue marginal de cara a todas las demás manifestaciones y plantones. El gobierno y el Presidente rechazamos todos cualquier tipo de violencia que desnaturaliza el derecho a la manifestación y la protesta que tenemos todos los ciudadano”, aseguró ella.

Además de esto, hay también dos visiones distintas sobre lo sucedido. Así, por ejemplo, el expresidente César Gaviria Trujillo dijo: “Los actos en que está incurriendo el Gobierno del presidente Petro no son simplemente ilegales o inconstitucionales. Está actuando con actos violatorios de la Constitución, nos está sacando del Estado de derecho y estaría incurriendo en actos criminales. No vamos a permitir que Petro quebrante 200 años”.

Mientras para miembros del Pacto Histórico es un “acto legítimo del pueblo”. “El pueblo tiene derecho a manifestarse según la Constitución Política de 1991; máxime cuando desde instituciones que deberían ser garantes de la democracia, tratan de destruir y golpear a un presidente y a un gobierno legítima y democráticamente elegido por el pueblo colombiano”, dijo el exsenador Alexander López.

La visión del presidente Petro y de los líderes del Pacto Histórico muy seguramente servirá para alimentar el relato entre sus seguidores. Una acción partidista que, sin embargo, provoca más molestias con la rama jurisdiccional del país.

Para la colectividad política la situación duró escasos diez segundos. Para el presidente del alto tribunal, Gerson Chaverra, fueron cinco horas que, además, llamó “asedio” y “bloqueo violento e ilegal” al Palacio de Justicia.

Para el Gobierno Nacional todo fue controlado por los propios manifestantes y el propio Presidente. El Ejecutivo afirma que la seguridad de los magistrados y funcionarios de la Corte nunca estuvo en riesgo y que no es cierto que se hubiera impedido con la violencia el libre acceso y salida del Palacio de Justicia, entre los magistrados fue todo lo contrario.

“La democracia queda en vilo cuando cualquier sector o actor de un país pretende presionar política, física o moralmente las decisiones de la justicia”, expresó, por su parte, el magistrado Chaverra Castro, presidente del alto tribunal.

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Para el exconsejero de Estado Carlos Alberto Zambrano, lo que se vio esta semana “constituye una falta de respeto de suma gravedad hacia la justicia, y más cuando a eso se llega por convocatorias que hace el mismísimo Presidente, que es quien debe actuar con mayor mesura y sensatez”.

En ello coincide el expresidente de la Corte Constitucional Alejandro Linares, quien, en diálogo con EL TIEMPO, manifestó que “lo que pasó fue terrible” porque se amenazó un valor fundamental: “La independencia judicial”.

“El hecho de que el general Salamanca haya podido entrar a las instalaciones de la Corte Suprema no quiere decir que no existía un bloqueo, que no estaba sitiada, a tal punto que, al mediodía, cuatro o cinco compañeros magistrados intentaron salir de la edificación y tuvieron que devolverse. ¿Por qué? Porque la Corte estaba física y materialmente bloqueada. La protesta pacífica, inicialmente, terminó siendo un acto de violencia y de agresión para la Corte Suprema de Justicia”, concluyó el magistrado Chaverra.

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