Amenaza de las disidencias a ‘espacios territoriales’, otro hueco en la ‘paz total’: excombatientes piden seguridad

La disputa territorial entre las disidencias de la ‘Segunda Marquetalia’ y el ‘Estado Mayor Central’ (Emc) en el Caquetá, y las amenazas de este último grupo disidente en contra de los firmantes del acuerdo de paz, amenazan con desplazar a 82 personas –hombres, mujeres y niños, según cifras del Partido Comunes– que habitaban el Espacio Territorial de Capacitación y Reincorporación (ETCR) de Miravalle, ubicado en el municipio de San Vicente Del Caguán.

Este episodio ocurre a pocos días de que el presidente Gustavo Petro vaya al Consejo de Seguridad de la ONU a denunciar lo que él ha denominado “los incumplimientos del Estado al Acuerdo de Paz” y luego de que la unidad de datos de EL TIEMPO reveló que la ejecución de recursos para la reincorporación de los excombatientes a la vida civil es solo del 0,3 por ciento durante este 2024.

La crisis ocurre luego de que el pasado 23 de junio el frente ‘Iván Díaz’, del Emc, adscrito al bloque ‘Jorge Suárez Briceño’, cuyo máximo cabecilla es alias Calarcá Córdoba, les dio a los habitantes de ese espacio un plazo de 40 días para que abandonen la zona, pues los acusan de haberse convertido supuestamente en “cómplices” de la ‘Segunda Marquetalia’, grupo desertor que hoy está al mando de alias Iván Márquez.

“En tal sentido, por nuestros excompañeros que aún son consecuentes con la lucha popular, por sus hijos y esposas, los invitamos a que no se expongan permaneciendo en ese territorio manchado de desprestigio paramilitar; el Estado colombiano está en la obligación de reubicarlos y también de protegerlos”, dicen en el panfleto que les llegó a los habitantes de Miravalle.

Igual de crítica es la situación para los firmantes que día a día hacen otras labores en este espacio territorial

Pese a que una delegación del Gobierno, integrada por Alejandra Miller, directora de la Agencia para la Reincorporación; Gloria Cuartas, directora de la Unidad para la Implementación, y Franklin Castañeda, director de Derechos Humanos del Mininterior, llegó al ETCR el viernes en la tarde, esto no impidió que varios de sus pobladores hayan tomado la decisión de abandonar definitivamente la zona y que dos de los ocho proyectos productivos de excombatientes –en este se desarrollan principalmente labores de avicultura y piscicultura– anunciaran su salida de la región.

“La razón de esta decisión es la imposibilidad de permanencia y convivencia con la guerra, con la confrontación armada, que después de 7 años está de regreso en nuestros territorios”, indicaron desde Caguán Expeditions y Remando por la Paz en un comunicado de prensa.

Igual de crítica es la situación para los firmantes que día a día hacen otras labores en este espacio territorial. El comité directivo del ETCR Miravalle anunció que la única opción que tienen en este momento para preservar su vida es salir de la zona. “Hemos tomado la decisión de abandonar este espacio de reincorporación, buscando proteger nuestras vidas y la de nuestras familias”, dicen, en un comunicado en el que expresan que no van a desistir “en la firme convicción de que el único camino posible es la búsqueda de la paz”.

EL TIEMPO se comunicó con una de las personas que habita este espacio, quien le confirmó a este diario que las amenazas de las disidencias recaen particularmente sobre 52 firmantes.

Cabe mencionar que el gobierno Petro adelanta diálogos de paz con esta facción del ‘Estado Mayor Central’. De hecho, en esta región del país las delegaciones de ambas partes llevaron a cabo una jornada de los denominados ‘Diálogos para la transformación del territorio’, una de las propuestas surgidas en la mesa de negociación para escuchar los reclamos de las comunidades afectadas por la guerra. Además, que con esta disidencia hay un cese del fuego que está vigente hasta el 15 de julio y un ciclo de negociación programado para el 4.

Además, pese a las dudas jurídicas, el Ejecutivo también dio inicio a una mesa de diálogo con la ‘Segunda Marquetalia’ en Caracas (Venezuela). Sin embargo, esto no ha impedido que los enfrentamientos entre las dos organizaciones nacidas tras la firma de la paz cesen.

“Son presiones, una disputa territorial entre grupos armados enfrentados que quieren afectar a la población”, señaló Camilo González Posso, jefe negociador del Gobierno en la mesa con el Emc y quien hace parte de la delegación que llegó a San Vicente del Caguán para escuchar a los firmantes.

La delicada situación que viven en Miravalle también generó el rechazó del exmandatario Juan Manuel Santos y del presidente de Comunes, Rodrigo Londoño. El primero le pidió al Gobierno persistir en la implementación y en las medidas de protección para los excombatientes, mientras que el segundo, hizo una radiografía de la situación que viven los firmantes en los ETCR y vinculó este episodio a las negociaciones que adelanta el Gobierno.

“La improvisación, las concesiones a los verdugos y la mezquindad para implementar el Acuerdo de Paz son un riesgo para la vida de miles de firmantes. Los responsables, Presidente, son los grupos disidentes a los que usted otorgó reconocimiento político y les abrió un lugar en una mesa de negociación”, señaló Londoño, quien fue el último comandante de las Farc antes de su desmovilización.

El senador y exjefe negociador de paz Humberto de la Calle, por su parte, dijo: “Es muy frustrante e inadmisible lo que está pasando en el ETCR de Miravalle. (...) Es urgente que el Gobierno tome medidas y honre el compromiso adquirido por el Estado”.

Para la investigadora de la Línea Paz, Posconflicto y Derechos Humanos de la Fundación Paz & Reconciliación, Johanna Torres, la experiencia de los espacios de reincorporación no solo han estado marcados por los hechos de violencia, sino por desafíos ligados a la “falta de cumplimiento estatal en la provisión de servicios básicos y la preferencia gubernamental por proyectos individuales sobre colectivos, obstaculizando así la efectividad de estos espacios como herramientas de reintegración y desarrollo territorial”, dijo en un texto publicado por Pares.

Ya trabajaban en la búsqueda de una zona en la que los firmantes y sus familias puedan ser reubicados temporalmente

Federico Montes, miembro de la Dirección Nacional del partido Comunes y de la Comisión de Seguimiento Impulso Verificación a la Implementación (Csivi), le dijo a este diario que estas disputas territoriales se han venido sucediendo desde hace un año y que las amenazas llevan más de dos meses. Además, confirmó que la decisión tras el encuentro con el Gobierno es trasladar a la población a albergues temporales en el municipio de El Doncello.

“Se definió que se crearán unas mesas técnicas para acompañar la búsqueda de predios. Se acordó una reunión con el exdirector de la Agencia Nacional de Tierras, Gerardo Vega, para ese fin. Además, habrá otra comisión para apoyar el traslado”, contó Montes.

De hecho, el jueves el secretario de Gobierno de Caquetá, Arturo Perdomo, anticipó que esto podría ocurrir y señaló que desde la administración departamental ya trabajaban en la búsqueda de una zona en la que los firmantes y sus familias puedan ser reubicados temporalmente.

La violencia no cesa

Este episodio se suma a otros casos en los que ya hubo desplazamientos debido a las amenazas de los grupos armados, y particularmente de las disidencias de las Farc. Según datos de la Agencia para la Reincorporación y la Normalización (ARN), desde que se pusieron en funcionamiento de estos espacios en cuatro de los 24 ETCR los firmantes que se encontraban agrupados han tomado la decisión de abandonar el territorio: Yari (Meta-Caquetá), Santa Lucía-Ituango (Antioquia), Georgina Ortiz-Vistahermosa (Meta) y Mariana Páez-Mesetas (Meta).

La solución del Gobierno ante estos episodios ha sido el traslado de los firmantes a otros predios o espacios de reincorporación. Por ejemplo, en 2020, 93 excombatientes de las Farc fueron traslados de Santa Lucía a Mutatá, en el Urabá, luego de que 11 de ellos y dos de sus familiares fueran asesinados. Un año después, 43 personas en reincorporación y sus familias salieron de Yari y fueron reubicados en El Doncello (Caquetá).

El más reciente ocurrió en julio de 2023, cuando los firmantes de paz del ETCR Georgina Ortiz, ubicado en el departamento del Meta, empacaron sus pertenencias y se fueron del predio en el que por años formaron una nueva vida tras el Acuerdo de Paz de 2016.

El motivo de la salida de 140 personas de dicho espacio se debió a las múltiples amenazas y a los asesinatos de sus integrantes. En ese traslado al predio El Berlín, en jurisdicción de Mesetas, estuvieron presentes algunos delegados del Gobierno que garantizaron una caravana en la que iban 57 camionetas y camperos.

Tres meses antes, en marzo, una situación similar ocurrió en el ETCR Mariana Páez, ubicado en zona rural de Mesetas, Meta. Allí, cerca de 200 excombatientes amenazados por las disidencias de las Farc tuvieron que trasladarse a otros espacios. “Un año después no ha sido fácil, no ha sido muy acogedor el espacio porque de todas maneras en donde estamos es zona de conflicto. Últimamente ha habido situaciones y amenazas de grupos que estarían rodeando el territorio”, le dijo a EL TIEMPO una de las personas que fue desplazada, pero que pidió reserva de su nombre.

Para este firmante, parte de la responsabilidad de este caos la tienen el Gobierno y los incumplimientos a las promesas realizadas luego de las amenazas en Mesetas. En marzo del año pasado, el presidente Petro anunció en ese municipio que nombraría a una persona para encargarse de la implementación del acuerdo de paz y que les daría a esas personas un estatus mayor en el marco de la política de la ‘paz total’, algo que quince meses después no ha ocurrido.

'Se deben definir líneas rojas claras con los actores armados’: Federico Montes, de la Dirección Nacional del partido Comunes y de la Csivi.

¿Qué ocurre en Miravalle y por qué los grupos armadas amenazan con romper la paz allí?

Este tipo de hechos se han convertido en una práctica común en el último periodo precisamente en el marco de esa disputa y esa reconfiguración de los actores armados ilegales en el territorio y lo que ocurre con cada uno de estos desplazamientos es no solamente la reubicación del personal, lo que genera es que se interrumpe de manera traumática el proceso de reincorporación que está orientado por un lado, no solamente al tránsito a la vida civil sino a la reconstrucción de su tejido familiar y de su tejido comunitario.

¿Qué conclusiones quedan tras el encuentro con el Gobierno?

Algunos de los aspectos que surgieron en el espacio con las entidades del Gobierno y con la delegación de paz ante las disidencias es la necesidad de que definan líneas rojas claras con los actores armados con los cuales se encuentran en mesas de diálogo, esto con el objetivo de que estas prácticas no se sigan presentando.

¿Qué significa que los excombatientes tengan que dejar sus espacios?

Nos enfrentamos a un desarraigo que implica inicialmente muchos desafíos en términos de acceso a tierra, vivienda, a servicios básicos y a condiciones dignas, pero también al rompimiento de ese tejido social organizativo y familiar que se pone en riesgo con cada uno de estos hechos. Esto tiene efecto en la confianza en el proceso de reincorporación de los excombatientes e indiscutiblemente también unas afectaciones muy graves en la implementación integral del Acuerdo de Paz. Esto ya lo vivimos en los espacios de Yarí, Vistahermosa y Mesetas.