Con respecto al proyecto de restauración de ecosistemas degradados del Canal del Dique, la Procuraduría General de la Nación le reiteró a las autoridades ambientales que exigir una licencia ambiental “no es un requisito condicionado al arbitrio de una autoridad”.
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Añadió que las comunidades ribereñas del canal estarían expuestas a riesgos de inundación mientras se tramita una licencia exigida de manera imprevista.
El ente de control también refirió que las normas ambientales son de orden público y no podrán ser objeto de transacción o de renuncia en su aplicación.
Hay que recordar que esta exigencia ha generado rechazo de mandatarios de la región y gremios, por los “retrasos” que generaría en el proyecto.
Para las entidades, exigir una licencia ambiental para un proyecto cuya naturaleza misma es restaurar ecosistemas degradados es un “contrasentido que no tiene explicación”.
Otra de las preocupaciones, según el órgano de control, es que se está realizando una exigencia para un proyecto que ya inició y se encuentra en ejecución, el cual está amparado por un plan de manejo hidrosedimentológico.
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El canal del Dique recorre, en 115 kilómetros, los departamentos de Sucre, Bolívar y Atlántico
La Resolución de la Anla
Asimismo, el Ministerio Público confirmó que fue la Anla, a través de la Resolución No. 832 de 2018, la que revocó directamente de manera parcial la Resolución que disponía la exigibilidad de la licencia ambiental para este proyecto, motivo por el cual, se estaría revocando “de manera tácita” un acto de revocatoria.
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“La autoridad ambiental tiene facultades en seguimiento y control de imponer las medidas de manejo ambiental y todas las nuevas obligaciones que se consideren necesarias e idóneas para realizar un adecuado control y seguimiento al proyecto y sus efectos”, cerró la Procuraduría.
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Deivis López Ortega
Corresponsal de EL TIEMPO
Barranquilla