¿Contamos con los soldados y policías necesarios?

Su protección, así como la seguridad del país, no es una opción del gobierno de turno, sino una obligación del Estado y particularmente del Presidente de la República, el ministro de Defensa, las Fuerzas Militares y de Policía, así como de los estamentos que tienen a su cargo el cuidado de las fronteras.

No se pueden esgrimir justificaciones ideológicas de ningún tipo para minimizar la importancia fundamental de la seguridad, que es, en últimas, la garantía de la viabilidad del país y del cierre de brechas sociales. La seguridad es la condición sine qua non para lograr confianza, estabilidad y condiciones para invertir, crecer y generar empleos que dignifiquen la vida de las familias. La obligación del Estado, incluida la justicia, es actuar contra todo individuo o grupo ilegal que utilice la violencia, la extorsión o cualquier otro tipo de amenaza para constreñir la vida libre de los ciudadanos que en Colombia, como en todos los países del mundo, puede estar limitada únicamente por el respeto a la Constitución y la ley, dictadas en función del bien común.

Colombia sigue enfrentando graves amenazas, especialmente relacionadas con el narcotráfico y la persistencia de grupos armados ilegales que amenazan a la ciudadanía y desafían la autoridad estatal en toda la geografía nacional.

En este contexto, es crucial analizar la situación del pie de fuerza militar y policial con el que contamos, así como el fortalecimiento de las capacidades institucionales, para que el desarrollo de las operaciones militares, en el marco de la lucha contra los grupos ilegales y su brazo económico del narcotráfico, sea contundente.

El estancamiento del pie de fuerza, la inacción impuesta a los militares desde el Gobierno por cuenta de los ‘ceses bilaterales del fuego’ y la ausencia de la debida diligencia en la administración del sector de la defensa, con lineamientos y políticas claras que respalden el accionar responsable, oportuno y contundente dentro del marco de los derechos humanos y el Derecho Internacional Humanitario de todos los miembros de las Fuerzas Militares y de Policía, son asuntos alarmantes que requieren atención inmediata.
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Es imperativo que el Gobierno y las autoridades tengan una estrategia efectiva para dar seguridad a los colombianos, asegurar que nuestra Fuerza Pública nos pueda proteger a todos y mantenga la integridad y defensa territorial, aspecto que se está perdiendo en algunas regiones que actualmente están bajo el control de los grupos armados que someten a la población, como sucedía en los años 90, al punto de que los ciudadanos han llegado a sentirse secuestrados en su propio territorio.

Hasta el momento, los datos respaldan claramente dos realidades: en primer lugar, que existe una correlación significativa entre el crecimiento del narcotráfico y el aumento de la pobreza y la violencia en Colombia. En segundo lugar, que las guerrillas han utilizado los escenarios recientes de diálogos de paz para armarse, reorganizarse y expandir su dominio sobre las economías ilegales del narcotráfico, la minería ilegal y el abigeato, en conexión con distintas organizaciones de crimen organizado en las cuales está la trata de personas y de migrantes.

Según el ‘Informe mundial sobre drogas’ de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (Unodc), Colombia sigue siendo el primer productor mundial de cocaína, y este mercado ilícito está estrechamente ligado a la violencia y el subdesarrollo económico en las regiones donde se cultiva la coca. Departamentos como Nariño, Cauca y Putumayo, con altos índices de cultivos de coca, también muestran altos niveles de pobreza y violencia. Según la Defensoría del Pueblo, el 68 por ciento de los casos de reclutamiento forzado de menores se produjo en Cauca; según el Servicio de Acción Contra Minas de las Naciones Unidas, el 48 por ciento de accidentes con minas antipersona tuvo lugar en Nariño; y en lo corrido del año, de acuerdo con el informe de CICR, Putumayo ha aumentado el desplazamiento forzado individual en un 51 por ciento.

Paralelamente, la guerrilla del Eln y las disidencias de las Farc continúan perpetrando ataques y secuestros durante los periodos de negociación, socavando la confianza en las actuales conversaciones de la ‘paz total’. Según datos del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz), entre 2016 y 2020, el Eln cometió más de 440 ataques contra la infraestructura petrolera y al menos 65 secuestros. Y de acuerdo con información de la Defensoría del Pueblo, no obstante las conversaciones de paz y el supuesto cese bilateral del fuego, esta guerrilla se habría expandido, pasando de tener presencia en 189 municipios para final del 2022 a 231 municipios en 19 departamentos para final del 2023. Esto demuestra que, pese al discurso de la paz y los esfuerzos de la sociedad colombiana, siguen expandiendo su control territorial y sus fuentes de financiamiento ilícitas.

Más aún: de acuerdo con el Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos Ilícitos (Simci), Colombia contaba con aproximadamente 69.000 hectáreas cultivadas de coca para el año 2015. Antes de la firma del acuerdo de paz en noviembre del 2016, reportó 171.000 hectáreas de coca, es decir que la cantidad de cultivos se incrementó en un 148 por ciento en tan solo un año. Y en diciembre del 2023 llegamos al récord histórico de 250.000 hectáreas.

Veinte años después del aumento estratégico de la Fuerza Pública en Colombia y los indicadores de mejora de la protección a los colombianos, hoy la reversa en materia de seguridad en el país es preocupante. La expansión de grupos criminales, el aumento de delitos tales como la extorsión y el secuestro, el mayor control territorial por parte de estos grupos, así como el desdoblamiento de estructuras armadas y el surgimiento de otras nuevas, tienen, una vez más, varios lugares del territorio en manos de los criminales que se pavonean armados en las calles intimidando a la población.

Según Invamer (abril 2024), el 85 por ciento de los encuestados considera que la seguridad en el país está empeorando. Y aunque el Ministerio de Defensa registra una disminución del 1 por ciento en los homicidios, Medicina Legal dice que, por el contrario, hubo un aumento del 5 por ciento. Así mismo, según Medicina Legal, el Registro Nacional de Medidas Correctivas y el Sistema de Alertas Tempranas de la Defensoría del Pueblo, aumentaron las masacres, los hurtos a personas, la extorsión y los secuestros (en un 67 por ciento). Para el caso de líderes sociales, 181 crímenes se cometieron en 123 municipios (en 25 departamentos), y el 44 por ciento del total de los casos se concentró en 80 de ellos.

Sin acabar la violencia en los territorios rurales, los ciudadanos de zonas urbanas sufren hoy dinámicas extorsivas en proporciones sin precedentes y con modus operandi inédito, al punto de que, a la vista de todo el mundo, dan muerte a la víctima que se niega a pagarles una extorsión o les destruyen su vivienda ante ciudadanos atónitos, como vimos recientemente en Barranquilla. Esto no solo siembra el terror, sino que anula las expectativas de emprendimiento y generación de empleo de las comunidades.

No obstante los esfuerzos y anuncios de los alcaldes posesionados en enero, la violencia desbordada copa las ciudades de Colombia, en alianza con organizaciones transnacionales del crimen organizado y, posiblemente, con el apoyo del régimen venezolano, que podría utilizar las organizaciones criminales como su brazo de inteligencia y operaciones en los países que buscan afanosamente desestabilizar. El ‘Tren de Aragua’, ‘los Satanás’, ‘los Camilos’, ‘los Paisas’, ‘los Maracuchos’, ‘los Lobos’, ‘la 40’, ‘el Platanal’, ‘los del Hueco’, ‘los Shottas’ y ‘los Espartanos’, entre muchas otras bandas criminales, se suman a los actores violentos ya tradicionales. Sin embargo, esta no es una situación exclusiva de Colombia. Hemos presenciado la profunda inestabilidad en que ahora se encuentra Latinoamérica por causa del crimen organizado, su vinculación con el narcotráfico y la indiscutible debilidad de varios Estados para combatirlos.

Según el ‘Informe mundial sobre homicidios’ de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (Unodc), al menos la mitad de los homicidios en América Latina están relacionados con actividades criminales, lo que subraya la urgencia de abordar estas amenazas de manera integral y coordinada. Y de acuerdo con el informe del Banco Mundial ‘Competencia: ¿el ingrediente que falta para crecer?’, publicado en abril, la tasa de homicidios de la región es cuatro veces superior al promedio mundial, con el agravante de ser la única región en la que continúa con tendencia creciente. La Unodc subraya que a pesar de albergar menos del 10 por ciento de la población mundial, en Latinoamérica ocurre un tercio de los homicidios del planeta. Así, mientras el mundo presenta una tasa, con tendencia a la baja, de 5,9 homicidios por cada 100.000 habitantes, en Latinoamérica se presenta una cifra récord de 22,7 homicidios por 100.000 habitantes, casi 10 veces la cifra de homicidios de regiones como Asia, Oceanía o Europa.

Ante este complejo panorama, y mientras que algunos países de la región han aumentado considerablemente su fuerza pública en los años recientes, en Colombia se ha vivido un retroceso en esta materia. Durante la administración Santos se frenó el proceso de crecimiento y fortalecimiento de la Fuerza Pública, llegando en el 2016 a aproximadamente 368.000. Y en el gobierno de Gustavo Petro claramente se ha retrocedido.
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Según datos del Ministerio de Defensa, en 2022 las Fuerzas Militares colombianas tenían 368.500 efectivos, pero en 2023 se redujeron a unos 353.300, (una disminución de más de 15.000 efectivos en un año). Las fuerzas policiales también experimentaron una caída, pasando de alrededor de 167.000 efectivos en 2022 a aproximadamente 163.000 en 2023, una disminución de más de 4.000 efectivos, para una disminución total de casi 20.000 hombres y mujeres de la Fuerza Pública en menos de dos años.

En América Latina, el tamaño de las fuerzas militares varía según el tamaño del territorio y la población de cada país. Pero según el Instituto Internacional de Estudios Estratégicos (IISS), Colombia, con un área de aproximadamente 1,1 millones de kilómetros cuadrados y una población de alrededor de 50 millones de personas, muestra un pie de fuerza proporcionalmente menor que el de Brasil y México.
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Las cifras están mostrando un rezago importante de nuestro pie de fuerza en un momento en el cual el crimen y las amenazas están desbordados. Tenemos la urgencia de fortalecer otra vez, como hace 22 años, la fuerza militar y policial y hacer una mayor inversión en el desarrollo de sus capacidades, para garantizar la seguridad y la estabilidad de Colombia.

Pero obviamente, no solo se trata de tamaño y capacidades operativas de la Fuerza Pública, sino que sobre todo se requieren estrategia, planeamiento, objetivos, presupuesto, entrenamiento, convocatoria y mucha credibilidad de los ciudadanos y de las propias fuerzas, que hoy por hoy se sienten abandonadas a su suerte cuando enfrentan problemas legales; saben amenazadas sus carreras ante la más mínima señal de desacuerdo con el mando civil y tienen limitada su capacidad de acción por instrucciones del Gobierno derivadas de sus compromisos de cese bilateral con los criminales, quienes han disfrutado y aplicado a plenitud el cese unilateral de los militares.

Es fundamental tomar medidas urgentes para abordar estas cuestiones y contar con una Estrategia de Seguridad que enfrente con contundencia las amenazas, teniendo en cuenta que varían en magnitud en cada uno de los departamentos.

En conclusión, la disminución del número de efectivos y las dificultades financieras enfrentadas por las Fuerzas Armadas y policiales de Colombia durante los años 2022 y 2023 son alarmantes y requieren atención inmediata. La fortaleza del sector Defensa no se debe reducir en momentos de crisis. Por el contrario, se debe repotenciar la Fuerza Pública como lo hicimos en el 2002, cuando, gracias a la combinación de esfuerzos entre el Plan Colombia de la administración de Pastrana y la política de Seguridad Democrática del gobierno Uribe, logramos en los primeros dos años la disminución del 40 por ciento de los homicidios; el 83 por ciento de los secuestros extorsivos; el 72 por ciento de las víctimas de homicidios colectivos; el 66 por ciento de los atentados terroristas y el 99 por ciento de los secuestros en retenes ilegales en las carreteras.

Además de más Fuerza Pública, requerimos una cooperación regional renovada y de coordinación efectiva entre los países latinoamericanos y especialmente con los fronterizos, para enfrentar problemas transnacionales como el narcotráfico.

El éxito o fracaso de cualquier política pública, especialmente en materia de seguridad y lucha contra el narcotráfico, depende en gran medida de la voluntad política. La voluntad de garantizar seguridad y enfrentar el narcotráfico no ha sido evidente en algunos gobiernos, incluyendo el de Gustavo Petro. No se debe permitir que continúe el desmantelamiento de la Fuerza Pública con la disminución del pie de fuerza, la desmoralización de la tropa y las políticas blandas con la delincuencia y las organizaciones de crimen organizado.