Superservicios tiene la lupa sobre varias electrificadoras con líos financieros

Hay algunas electrificadoras que están en situación económica complicada que las puede llevar a tener dificultades en la compra de energía por bolsa, por lo que la Superintencia tendría que mirar cómo se evita que lleguen a esa etapa (de intervención). Creo que estamos enfocando nuestra labor más a prevenir y advertir que están a punto de entrar en un riesgo que los pudiera hacer acreedores de una intervención, pero no estamos pensando en ello. 

Hay algunas que están estudiándose (Electrohuila, Cedelca -Electrificadora del Cauda-, y Cedenar -Electrificadora de Nariño), pero por dificultades externas. Unas, por ejemplo, que con la opción tarifaria se descapitalizaron y a pesar de que el Gobierno les dio créditos a través de Findeter no han podido recuperar lo que los usuarios les quedaron debiendo con este mecanismo creado en pandemia. Por ahora no estamos estudiando intervención todavía.

Afina y Aire son dos entidades que estamos estudiando porque una vez se liquidó Electricaribe, el Gobierno aportó más de 12 billones de pesos a estas dos empresas surgidas de dicha liquidación y estas se comprometieron hacer nuevas inversiones por 5,3 billones para mejorar. 

Sin embargo, cuando presentaron a la Creg (Comisión de Regulación de Energía y Gas) los cargos para que les dieron el visto bueno a inversiones, la Comisión no les aprobó sino cerca de 2,8 billones, o sea que ahí el Estado entró a perder 2,2 billones o más, porque la Greg no les aprobó los cargos sino por casi la mitad de lo que se habían comprometido a invertir.  

Luego vienen las pérdidas adicionales que se empiezan a incrementar en enero del 2021 y ese ajuste ocasionó para los usuarios en la costa Caribe un alza de 400 por ciento, en el caso de Afinia, y de 500 por ciento, en el caso de Aire, en lo que tenían que aportar los usuarios como pérdidas reconocidas, de tal manera que venían pagando 42 pesos por kilovatio como componente en la factura y ahí empieza la oleada alcista. 

Estamos estudiando los contratos, porque realmente estuvieron un poco engavetados debido a que en esa ocasión se estableció que eran confidenciales, muy poca gente los conocía, casi que ni los órganos de control los estudiaron detenidamente. 

La Superintendencia hace poco buscándolos los encontró y los estamos analizando para para ver si realmente la conclusión es que el Estado, en vez de haber invertido esos 12 billones de pesos y seguir invirtiendo en subsidios, hubiera podido quedarse con esa empresa y la tendría hoy muy bien. Pero las dos empresas han seguido con problemas financieros, también por los problemas que se presentan la costa, el deterioro de las redes, las pérdidas técnicas y no técnicas, entre otros.

Lo que pasa es que se juntó, como dicen por ahí, el hambre con la necesidad; primero el problema de las pérdidas adicionales, que da origen al alza exagerada de las tarifas en la costa que mencioné, pero después viene la opción tarifaria con la que los usuarios quedaron debiéndoles a los distribuidores y comercializadores un porcentaje del valor de la factura, que el año pasado ascendía a unos 6 billones de pesos, que se están cobrando ahora. 

Sucede que algunos comercializadores y distribuidores han establecido plazos muy cortos para cobrar esos recursos. Por ejemplo en el Huila la opción tarifaria tiene un valor de 68.000 millones y la electrificadora del departamento decidió cobrarlos en un año a los usuarios, lo que hace que la tarifa allí sea casi igual a la de la costa Caribe.

Las comercializadoras de la costa Caribe también están en el mismo plan, eso coloca a los usuarios a pagar ahí dos cuestiones que se juntaron. Pero además, tenemos el fenómeno del Niño, donde la energía hídrica, que es la más barata, empieza a escasear por el problema de la baja capacidad de los embalses, entonces toca hacer uso de la energía térmica que tiene un costo mayor y ese es otro factor que sube también la tarifa. Entonces, estamos revisando todos esos elementos, como el precio por bolsa, que es un un modelo que nuestro concepto es perverso porque enriquece a unos y empobrece a otros. Estamos tratando de cambiar la regulación ahí para equilibrar más las cargas y que no todo recaiga en los usuarios.

El problema es medio complejo porque, por ejemplo, todo el proceso de energía, desde que se genera hasta que le llega al usuario, pues tiene que pasar por el fenómeno de generación y este tiene que ver con cómo se vende. Entonces, está el precio por bolsa o por contrato, que es muy barato. Desde ahí empieza a verse la necesidad de flexibilizar los contratos desde el primer componente de la energía que es la generación, para que los comercializadores y distribuidores puedan realmente tener acceso a unos precios y a unos términos equilibrados justos, de lo contrario se ven abocados a comprar por bolsa y vender más caro, porque allí el precio siempre es más costoso.

Tenemos que poner un precio techo porque no es posible que se esté pagando a 1.200 pesos un kilovatio de energía, cuando el más costoso es el térmico y lo máximo que llega por costo es 350 pesos y la hídrica, el costo real es 100 pesos y si están pagando créditos por inversiones, pues podría cobrarse uno 250 pesos, eso también se está estudiando. Hay que estudiar cada uno de los componentes, el de la transmisión, el de la comercialización, pero la situación es compleja porque la regulación está hecha como para eso, porque en mi criterio, esta la hacían los generadores, entonces regulaban pensando no en el usuario sino en el negocio.