Superindustria indaga posible cartelización en la contratación de vehículos blindados

Al menos ocho empresas dedicadas al blindaje y alquiler de estos vehículos fueron denunciadas ante la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), por parte de la Unidad Nacional de Protección (UNP) por presuntas violaciones a las normas de libre competencia, las cuales participaron los en los procesos de selección para el arrendamiento de dichos vehículos entre el 2017 y el año pasado.

Las primeras indagaciones tanto de la UNP como de la SIC apuntan a que las compañías Neostar Seguridad de Colombia Ltda., GMW Security Rent a Car Ltda., Blinsecurity de Colombia Ltda., Vehículos Blindados de Colombia Limitada, Alliance Security Rent Car Ltda., M.I. Blindajes Ltda., Vector Ltda. Alquiler de Vehículos Blindados, Nacional Rent Car Ltda. y Arrendadora de Vehículos Blindados - Armati Ltda., se cartelizaron para lograr la contratación de vehículos blindados con esa agencia del Estado.

"Las empresas se habrían repartido sistemáticamente las 90 zonas en las que fueron divididos los procesos de selección, de manera que lograron presentarse como únicos proponentes y resultar adjudicatarias sin enfrentar competencia. Esto impidió que la UNP pudiera obtener mejores condiciones de contratación", fue una de las conclusiones de las indagaciones de la UNP.

Sobre esos y otros hallazgos es que la SIC les ordenó a dichas empresas "la suspensión inmediata de acuerdos anticompetitivos en procesos de contratación de vehículos blindados de la UNP y comportamientos que pongan en peligro la vida y la integridad de personas en condiciones críticas de seguridad".

Freno a malas conductas

La superindustria también les ordenó abstenerse de realizar el apagado remoto de los vehículos vinculados a la prestación del servicio de la UNP sin justificación objetiva, razonable y documentada relacionada con la seguridad de las personas protegidas. 

También a que se abstengan de retirar de funcionamiento los vehículos vinculados a la prestación del servicio de la UNP sin causa alguna y de usar mecanismos irregulares de coerción orientados a mantener la conducta ilegal que puedan afectar la debida prestación del Programa de Prevención y Protección a cargo de la UNP.

Los hallazgos de la autoridad

Otra conducta detectada por la Superindustria es que algunas empresas habrían desarrollado vías de hecho con el propósito de forzar a los miembros del acuerdo a mantenerse en la ejecución de la conducta ilegal". 

Según lo informado por la autoridad de la competencia, al evaluar el material probatorio aportado por la UNP, que revisó los procesos de selección en un periodo de 7 años (2017 y 2023) para el arrendamiento de vehículos blindados, concluyó que los proponentes que participaron en esos procesos ejecutaron dos comportamientos que podrían ser ilegales.

Uno fue la repartición de las 90 zonas en que fueron divididos los procesos de selección, sobre lo  cual la entidad de vigilancia señaló que, las empresas  participantes "desarrollaron sistemáticamente un comportamiento inexplicable en un escenario de verdadera competencia, pues en más del 93 por ciento de las zonas adjudicadas en 7 años (84 de 90 zonas) no existió competencia alguna entre estas". 

Añadió que en los casos excepcionales en los que más de una empresa se postuló para una misma zona (que ocurrió en solo 6 de 90 zonas), la Superindustria no encontró evidencia de una competencia efectiva entre los proponentes. En adición, las empresas habrían adoptado medidas para corregir esas situaciones, de manera que se mantuviera la situación en la que cada una resultaba como única proponente. L

La SIC explicó, además, que la dinámica de repartición de las zonas se mantuvo a pesar de que la UNP implementó modificaciones en las reglas de los procesos que estuvieron orientadas a promover la concurrencia de proponentes, situación que  evidenciaría que las empresas llegaron a acuerdos ilegales para superar las medidas aplicadas por la entidad contratante. 

"La Superindustria habría identificado un sistema de repartición por turnos", insistió la autoridad del mercado. Y agregó que, por ejemplo, la zona que comprendía Bogotá y Cundinamarca fue repartida a una empresa en los procesos de selección de 2021, a otras en los de 2022 y a otras más en los de 2023, sin que en ninguno de ellos existiera un escenario de competencia entre las empresas.

La otra conducta detectada por la Superindustria es que algunas empresas habrían desarrollado vías de hecho con el propósito de forzar a los miembros del acuerdo a mantenerse en la ejecución de la conducta ilegal. 

Entre las vías de hecho se encuentra que habrían desactivado de manera remota los vehículos blindados empleados para la prestación del servicio, con lo que se habría puesto en peligro la vida de las personas en situaciones de riesgo extraordinario o extremo, por lo que la SIC ordenó las medidas cautelares,