Santa Marta: denuncias de corrupción e ineficiencia en Essmar en plena emergencia de agua

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A López Echeverría lo señalan no solo por el manejo que le ha dado a la crisis de agua potable durante el fenómeno del Niño, sino también por movimientos polémicos en el interior de la entidad, como, presuntamente, otorgar responsabilidades a empleados que no poseen el perfil profesional adecuado, acompañado de incrementos salariales injustificados, contrataciones ilegales y no pago de proovedores.

Recientemente, partidos alternativos han retirado su respaldo a Jorge López como administrador de Essmar, y solicitan su reemplazo inmediato, debido al riesgo que dicen que existe en que la empresa, vital para la ciudad, caiga en una crisis mayor a la que llevó a su intervención.

Estos grupos políticos, junto con diversos sectores de la sociedad, expresan profunda preocupación por la situación actual de la entidad y la falta de una gestión eficiente y transparente por parte del agente interventor que llegó en reemplazo de la EPM.

Entre las razones que fundamentan su demanda, se incluye el presunto favorecimiento a las empresas de basura Interaseo y Atesa en lugar de ejercer un control y vigilancia rigurosos sobre sus actividades.

También denuncian la falta de planificación ante la emergencia de agua que enfrenta la ciudad, especialmente la ausencia de un plan de contingencia efectivo para la temporada de sequía, lo que evidencia su falta de previsión y capacidad de respuesta, y puso en peligro el abastecimiento de agua para los habitantes.

Además, señalan los recurrentes desbordamientos de aguas residuales en las calles de la ciudad como resultado de un mantenimiento inadecuado en la red de alcantarillado.

A todas estas preocupaciones se suman las acusaciones de corrupción en los procesos de contratación, así como aumentos salariales sin justificación para López Echeverría y su equipo.

El comunicado está respaldado por los partidos Polo Democrático, Todos Somos Colombia, Comunes, Pacto Histórico y Mais.

El gobernador de Magdalena, Rafael Martínez, también se pronunció sobre las deficiencias operativas de Essmar y las acusaciones de corrupción que han surgido. Al respecto, afirmó que "la intervención de Essmar, más allá de ser ilegal, ha sido una burla para los samarios".

Para el mandatario, el nombramiento "irresponsable" de Jorge López como agente interventor no solo ha empeorado los indicadores, sino que también ha aumentado el déficit fiscal debido a presuntos actos de corrupción.

"Lo habíamos advertido oportunamente y ahora los arrepentidos salen a la luz. Hasta ahora, Essmar solo ha experimentado ineficacia y corrupción", añadió el gobernador.

Por su parte, Alberto Pineda, miembro del Sindicato Sintraserpucol, que representa a más de 400 técnicos y operarios de Essmar, expresó su preocupación por la situación actual de la empresa.

Este grupo de empleados convocó a una asamblea general para exigir una reunión con el Superintendente Dagoberto Quiroga y conocer directamente los resultados de las investigaciones sobre los hallazgos en la gestión del agente interventor, para determinar si se han confirmado acciones de corrupción y qué medidas se tomarán en beneficio de la empresa y su funcionamiento.

"Parece que corren rumores de que la empresa será liquidada en tres meses, que hay un actor privado negociando, y que existen tintes de corrupción, por eso queremos conocer la verdad por parte del doctor Quiroga, para tener claridad sobre nuestro futuro laboral y la prestación de los servicios públicos domiciliarios en la ciudad", afirmó el sindicalista.

El Superintendente de Servicios Públicos, Dagoberto Quiroga, estuvo en Santa Marta precisamente para abordar la crisis que ha surgido en Essmar.

Durante su visita, se reunió con el agente interventor, los trabajadores y la alcaldía para obtener información de primera mano sobre el progreso del plan de recuperación de la entidad y para abordar las demandas planteadas.

En sus declaraciones, Quiroga se limitó a mencionar que “se revisaron algunos proyectos que se están llevando a cabo con el acompañamiento de la alcaldía, quien es responsable de garantizar la calidad y la prestación excelente de los servicios públicos”.

Sin embargo, el Superintendente no hizo comentarios sobre los problemas de corrupción o las quejas relacionadas con la operación de la empresa.

Aunque no se expresó sobre este tema, se ha conocido de manera extraoficial que el Superintendente está preparando algunos cambios dentro de la empresa para abordar las preocupaciones planteadas.
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Luis Miguel Moisés, veedor del tema de agua potable de Santa Marta, consideró que el manejo de la emergencia durante 2024 bajo la dirección de Jorge López fue equivocado y precario.

"A pesar de que hubo un déficit significativo en los niveles de los ríos que abastecen la ciudad, no fue tan grave como en años anteriores, cuando había menos agua disponible de las fuentes y aún así se lograba abastecer a los diferentes barrios", precisó Moisés.

El veedor criticó que durante todo el periodo de sequía no se estableciera un cronograma transparente y eficiente de distribución de agua, como lo hizo Bogotá, a pesar de ser la primera vez que esa ciudad enfrentaba una emergencia de este tipo.

"Nunca hubo claridad sobre los días en que llegaría el agua a las tuberías, ni hubo orden en la distribución del suministro por carrotanques, lo cual generó molestias y quejas de la ciudadanía, que estuvo hasta un mes sin recibir el preciado líquido mientras que otros sectores sí lo recibían periódicamente", señaló el vocero.

Luis Miguel Moisés también denunció que una vez más operó una "mafia de carrotanques" que se apropiaba del escaso recurso hídrico disponible en las cuencas y lo vendía por 200 mil pesos con la complicidad de Essmar.

"Estamos recopilando pruebas para presentar una denuncia ante los organismos de control y la Fiscalía por la forma en que se comercializó este líquido vital durante esta crisis", enfatizó el veedor ciudadano.

Los líderes cívicos cuestionaron la labor de acompañamiento y vigilancia ejercida desde la alcaldía hacia la empresa de servicios públicos. Lo anterior debido a que, si bien se declaró la calamidad pública y se contrataron 36 carrotanques que se pusieron a disposición de Essmar, no se hizo un seguimiento riguroso de cómo se distribuyó el agua en estos vehículos a las comunidades.

"El plan de contingencia fue un fracaso, e incluso ahora que los niveles de los ríos han comenzado a aumentar, el suministro de agua sigue presentando las mismas deficiencias", expresó Moisés.