Régimen de terror de disidentes en zona rural de Jamundí: cobran ‘multas’ de $ 10 millones e imponen trabajos forzados

Uno de los objetos que Jairo Alfonso Escobar* no pierde de vista es un pequeño papel con su nombre y su número de cédula. Este maestro de construcción y vecinos del corregimiento de Villacolombia, como Potrerito, San Antonio, La Liberia y Timba, también portan el ‘documento’ o el carné, como le dicen, para entrar y salir del territorio de 600 kilómetros cuadrados que conforman toda la zona rural de Jamundí.

Es la región donde sus más de 40.000 habitantes viven bajo el silencio y el miedo, así como entre ráfagas de fusil y explosiones de granadas y pipetas cuando hay hostigamientos a subestaciones de Policía. La mayoría de los 17 ataques en los últimos dos años se han presentado en las goteras de Jamundí, un municipio a tan solo 15 minutos de Cali.

Ese carné que Escobar lleva doblado con sumo cuidado en su billetera fue ‘autorizado’ por los disidentes del frente ‘Jaime Martínez’, de las disidencias bajo el mando de ‘Iván Mordisco’ y se tramita a través de las juntas de Acción Comunal o con líderes de estos corregimientos.

Así lo hizo Escobar, un obrero que vive en el casco urbano de Jamundí y fue contratado con otro compañero para realizar la remodelación en una vivienda de Villacolombia, un caserío de casi 3.000 habitantes con más de una decena de veredas.

Este hombre empezó hace dos meses a trabajar en el corregimiento y para obtener ese carné que le garantiza estar con vida, la dueña del inmueble habló con comuneros que a su vez se contactaron con el grupo armado del 'Estado Mayor Central'. También les piden otros datos, como el tipo de moto en el que se movilizarían para llegar a Villacolombia, especificando el número de placa del vehículo.

Ubicar a quienes están encargados de otorgar los permisos por parte de la disidencia, ‘Jaime Martínez’ implica hablar con cabecillas asentados en Villacolombia, además de Potrerito, Ampudia y La Liberia. Ellos supervisan directamente los ingresos de la comunidad, hacen retenes, secuestran a pobladores o a visitantes, en carros, motos o en bicicletas; los desaparecen o los asesinan, si no cumplen sus pretensiones.

Ese fue el caso del empresario de una constructora y su hijo que, en diciembre del año pasado, cuando se desplazaban en una camioneta de alta gama por Villacolombia, para pasar unos días en una de las fincas de veraneo que caracterizan el área rural, fueron secuestrados y sus cuerpos encontrados días después en una vía a Potrerito. 

También hubo conmoción por los hallazgos de los cadáveres de dos jóvenes universitarias, asesinadas con arma de fuego en el mismo corregimiento. El caso se conoció el 29 de mayo.

“Yo viajo con miedo todos los días en la moto con mi compañero. Pero lo hago por la necesidad de llevar dinero a mi familia. Salgo a las 9:00 de la mañana y luego bajo de Villacolombia a las 3:00 de la tarde”, expresó Escobar. “Es mejor que la noche no lo coja a uno, tanto que acá en Villacolombia, la gente se queda en sus casas antes del anochecer por seguridad”, agregó al obrero.

Cuando a este corregimiento, que se observa aparentemente apacible desde su parque principal, llegan motociclistas deben hacerlo sin los cascos para que puedan ser identificados sin problemas por los alzados en armas. Los automóviles, por su parte, deben tener los vidrios abajo.

Pareciera que no hay Dios ni ley, pues la queja de muchos de los habitantes de Villacolombia, además de otros corregimientos y veredas es la necesidad de más patrullajes por parte del Ejército. De hecho, reclaman un batallón de alta montaña permanente y hasta la misma gobernadora, Dilian Francisca Toro, también volvió a elevar el clamor al Gobierno Nacional que en la parte alta de Jamundí estén tropas del Batallón de Infantería Número 8, Batallón Pichincha.

Hasta hace una década, según los lugareños, había más presencia del Ejército en la zona rural y había un batallón de alta montaña. No obstante, de acuerdo con el segundo comandante de la Tercera Brigada, coronel Gerardo Avilan, "efectivamente, el compromiso (después de los atentados del 12 de junio) es el aumento del pie de fuerza en tropas del Ejército. Tenemos tropas del Batallón de Fuerzas Especiales Urbanas; dos compañías del Ejército van a venir a reforzar la seguridad del municipio. Son alrededor de 100 hombres con capacidades diferenciales; son tropas para que la seguridad en la zona urbana sea mucho más eficaz". Reiteró el apoyo al casco urbano y continuar con tareas en la zona rural.

Luego de los atentados del pasado lunes que estremecieron el centro de Jamundí con una moto bomba, dejando seis heridos y hostigamientos con explosiones en Potrerito, además de explosiones en la vereda Cascarillal del corregimiento de San Antonio y en el sector Las Veraneras, hacia el complejo carcelario de Jamundí, también en la zona rural que no dejaron víctimas, la alcaldesa del municipio, Paola Castillo, aseguró: "Hemos vivido momentos difíciles, pero hoy sentimos el respaldo. Llegan 100 hombres de la Policía con drones que se suman a los 100 soldados anunciados por el ministro de Defensa, Iván Velásquez".

El comandante de la Policía Metropolitana de Cali, coronel Carlos Oviedo, indicó que de los 100 policías que están en Jamundí, 40 ya hacen patrullajes motorizados.

La carretera de la droga y los castigos

“Yo no puedo perder el carné por nada del mundo. Tengo que tenerlo a la mano porque si lo boto me cobran una sanción”, afirmó Escobar al hablar de multas impuestas por el grupo armado ilegal que pasaron de los 3 a más de 10 millones de pesos. 

De no pagar el monto, viene un castigo con trabajos forzados para culminar los 14 kilómetros de una carretera que la columna móvil comenzó hace unos tres años. Es así que quien no pague, es retenido durante 30 días para obligarlo a realizar estas labores forzadas por la carretera.

En la Tercera División del Ejército detectaron la vía meses atrás y reiteraron la voz de alerta con la gobernadora del Valle. Esta carretera va del sector conocido como El Despunte hasta el sector La Playa, cerca del río Naya. 

El objetivo es conectar esta zona del limítrofe con el Cauca para llegar a esta región o dirigirse hacia Buenaventura y de allí tener vía libre hacia el mar del Pacífico colombiano. Es una de las rutas para la salida de cargas de droga y armas.

La carretera al Naya reemplaza las mulas que eran utilizadas en la zona alta para llevar a cuestas el producido de coca y por las que hace una década se pagaba entre 9 y 10 millones de pesos, en recorridos por Villacolombia, Timba (Valle) y San Antonio. Los animales también llevaban sobre sus lomos, materiales para la explotación ilegal de oro por la cercanía con el cordón montañoso de los Farallones. En esta área, que también cubre zonas de Cali colindantes con el parque natural, un kilo del mineral puede costar 72.000 dólares (casi 300 millones de pesos), un precio histórico que motiva a que esta economía ilegal crezca en la reserva, según el ministerio de Ambiente.

“Con Fiscalía seguimos trabajando en la judicialización y desarmar la estructura criminal que está detrás de la comercialización ilegal de oro y que termina como consecuencia con metales pesados y mercurio en las cuencas que abastecen del agua a varios de los acueductos de la región”, informó la ministra de esta cartera, Susana Muhamad.

“Tenemos 14 puntos en el Naya de explotación minera ilegal que da cerca de 33.000 gramos mensuales de oro, 12 hectáreas están deforestadas, pero lo más importante es que se ganan 29 millones de dólares (120.200 millones de pesos) al año”, dijo la mandataria de los vallecaucanos.

En la Policía, la Fiscalía y en el Ejército recalcan, además, que Villacolombia y San Antonio son dos corregimientos estratégicos para el frente ‘Jaime Martínez’, pues, sobre  colindan con los Farallones de Cali y con la espesa selva de Buenaventura.

“Se ha construido una vía de 14 kilómetros que llega al río Naya, esa vía viene del Cauca, pasa por Jamundí y por supuesto llega al río, según la información, es una vía de muy buena construcción que no está autorizada y que se ha realizado probablemente por las disidencias de las Farc”, explicó la gobernadora Toro.

Para la construcción de la carretera, según fuentes del Ejército, hubo robos de maquinaria amarilla, al tiempo que se construyeron cuatro estaciones de gasolina en el corregimiento La Liberia para abastecer la misma maquinaria, estaciones que generaron una controversia en este año, entre los congresistas Christian Garcés y Duvalier Sánchez por supuestos permisos de anteriores alcaldías para licencias de funcionamiento de estas instalaciones.

Con el narcotráfico, la minería ilegal, las extorsiones y las multas por el carné para ingresar a los corregimientos, el frente ‘Jaime Martínez’ busca su financiación, como lo indicó la gobernadora. A su vez, en el Ejército, también coincidieron en cobros ilegales a la población para estas obras e inclusive para la adquisición de ambulancias en el norte del Cauca.

“Tenemos conocimiento de casos en los que si una persona no porta o no tiene el carné, es retenida por la guerrilla, incluidos adolescentes y mujeres. Adicionalmente, las investigan, les cobran multas o las obligan a realizar trabajos forzados durante algunos días; en caso de no tener el dinero, la retención se puede extender varias semanas, al igual que los trabajos impuestos”, informaron en la Defensoría del Pueblo. Los trabajos impuestos son justamente las obras de la carretera.

El delito que más se comete en la cabecera municipal de Jamundí y en corregimientos es el de las exigencias extorsivas que, en caso de ser ignoradas, apelan a retaliaciones, como ataques con granadas de fragmentación en locales comerciales. 

“Asimismo, ante los costos asociados al control social y a la adquisición de material logístico y bélico, se proyecta un afianzamiento del cobro de extorsiones e incluso hurtos para financiar el accionar delictivo de los grupos armados, quienes también hurtan bienes”, se lee en un documento de la Defensoría presentado en este mes con el nombre: ‘Los contrastes de la realidad humanitaria, un país que busca la paz’.

En la Defensoría, también hicieron un llamado a trabajar de manera coordinada en campañas de prevención del reclutamiento y uso de niños, niñas y adolescentes, para que las estrategias y programas sean ejecutados de manera rápida, armónica, a tiempo, a propósito de los riesgos advertidos en nuestra alerta temprana. De hecho, el alcalde de Cali, Alejandro Eder, y la gobernadora del departamento manifestaron la preocupante situación de que los disidentes están reclutando a niños con edades desde los 9 años.

“Los disidentes se los están llevando y no es una situación de ahora. También se han agravado los secuestros. El año pasado conocimos 102 secuestros y en este 2024 van 32 y más de 1.000 personas que han sido retenidas, ya sea durante ocho, 10 o 24 horas o durante un mes para la carretera”, dijo Lina Tabares, defensora de derechos humanos en esta zona y en el resto del Valle. Clamó por más atención por parte del Estado.

Pero también están los homicidios y buena parte se cometen en la zona rural de Jamundí. Más de la mitad de las víctimas en esta ciudad (en 2023 hubo 109, según el Instituto Nacional de Medicina Legal) eran jóvenes que no pasaban de 30 años.

La Defensoría del Pueblo, en su alerta temprana de inminencia de este año, la 005-24, dio un campanazo que se sumó a la 030 del 2023. 

“En los homicidios y las desapariciones perpetradas en sectores rurales montañosos o adyacentes, por regla general se infiere la participación de este frente (‘Jaime Martínez’) al mantener un control territorial férreo y único hasta el momento”, se lee en el informe.

Con base en datos de la Fiscalía, el año pasado fueron asesinadas 112 personas, un 5,56 por ciento más que en el 2022 y de esas muertes violentas, 44 ocurrieron en zona rural, muchas de las cuales, es donde el grupo ‘Jaime Martínez’ tiene incidencia. Estos casos se registraron en Villacolombia, Timba, Paso de la Bolsa, Potrerito, San Antonio, Robles y Puente Vélez, donde ciclistas son retenidos porque les hacen cobros para utilizar empinadas trochas.

Dentro del balance crítico, la Defensoría incluye a dos jóvenes que fueron retenidos en el corregimiento La Liberia, en noviembre de 2023, al tiempo que en Timba era asesinado otro joven que había prestado su servicio militar.

En ese mismo año hubo cinco desaparecidos, de acuerdo con la Policía Metropolitana de Cali, que tiene jurisdicción en el vecino municipio de Jamundí, además de cinco heridos por el carro bomba en septiembre de ese año contra la estación de Policía de Potrerito y 10 heridos más por granadas de mano.

“Desde 2017, la Defensoría del Pueblo ha emitido cinco alertas tempranas para el municipio de Jamundí por diversos riesgos asociados al accionar de grupos armados organizados, específicamente del ‘Estado Mayor Central (EMC)’”, dice el documento. “Su escenario de riesgo se concentra actualmente en los sectores de media y alta montaña del municipio, debido al reciente endurecimiento de los mecanismos de control territorial y social por parte de comisiones del frente ‘Jaime Martínez’, del ‘Bloque Occidental comandante Jacobo Arenas’, adscritas al mencionado EMC, quienes ostentan dominio y control absoluto e inclusive se extienden al corregimiento de Timba, Valle, en la zona plana y colindante con el corregimiento de Timba, en Cauca”, se advierte en el mismo informe.

Aunque en Villacolombia, como en Potrerito, San Antonio, Ampudia o Timba se ha dependido económicamente de la siembra de café y plátano, los cultivos de coca se extienden hacia las estribaciones de la cordillera Occidental. Las autoridades de Jamundí y de la Gobernación señalaron que se ha pasado de 1.400 a unas 1.600 hectáreas de estas siembras ilícitas en dos años.

“Los jefes de las disidencias no viven en Villacolombia ni en torno al parque principal. Si usted quiere saber dónde están los encuentra en el parque de Timba”, dijo un morador que dio pocos detalles por el temor y la zozobra en Jamundí. “Es mejor no hablar mucho de ellos porque están pendientes de quién dice algo, quién llega o quién sale. Esto pasa no solo en Villacolombia, también en Timba, San Antonio y Potrerito”, añadió.

El problema radica para los mismos pobladores en que la zona rural de Jamundí ha sido dominada por actores armados desde hace más de 30 años, como las Farc y el Eln. Hace una década, llegaron con fuerza los ‘Pelusos’, en alianza con el EPL y después del acuerdo de paz, los disidentes buscaron retomar el control de la extinta guerrilla de las Farc, en alianzas con el narcotráfico, entrando en enfrentamientos con los otros ilegales y con el Ejército.

‘Los mexicanos tienen sus rutas, pero ellos mandan desde Cali’

En Villacolombia, Potrerito y San Antonio, los disidentes tienen gran presencia, pero a la vez, la comunidad ha detectado “a personas con acento de novelas mexicanas”, como lo han manifestado a funcionarios de la misma Defensoría del Pueblo.

Son del 'cartel de Jalisco Nueva Generación' que ha buscado ser parte de las rutas de drogas en la zona rural de Jamundí, Buenaventura y Cali, pero en la disputa por esos trayectos también entran miembros del 'cartel de Sinaloa' y los ‘Zetas’, en este territorio, teniendo a Cali como su eje principal, de acuerdo con informes de la misma Defensoría del Pueblo.

Es que la posición geográfica de Cali la convierte “en centro estratégico para el suroccidente del país, resaltando tres corredores criminales de movilidad en los que se transitan drogas ilícitas, insumos para el procesamiento y armas”, dice el informe de la Defensoría.

Uno de esos corredores es el oriental que conecta el Valle del Cauca con el norte del Cauca, bordeando el río Cauca, desde Puerto Tejada hasta el jarillón, pasando por los corregimientos de El Hormiguero y Navarro, en sector rural y las comunas 6 y 7, en el nororiente caleño, y 14, 15, 21, en el oriente de Aguablanca. 

El segundo corredor es el occidental, el cual se conecta con el norte del Cauca, iniciando en el municipio de Buenos Aires (Cauca), pasando por Jamundí e integrándose con Cali, a través del parque natural Farallones y las comunas colindantes 1, 18 y 20, en Cali, logrando salida al mar por el puerto de Buenaventura. El tercero y último corredor es el central por la vía Panamericana, que conecta a Cali con el sur del país.

Jamundí está en ese paso clave para el narcotráfico por colindar, además con la vía Panamericana como su principal arteria al entrar o salir para el Valle o hacia el Cauca y con el río Cauca que bordea la zona rural y limita con Santander de Quilichao, en el norte caucano.

“Acá están Sinaloa y Jalisco, pero no es que sus integrantes vivan acá en Jamundí o en la zona rural. Esta región es para las rutas de la droga, porque sus cabecillas están en Cali y contratan a emisarios para que trabajen para ellos”, dijeron defensores de derechos humanos de la Mesa Territorial de Garantías del Valle del Cauca.

Tras los atentados del 12 de junio, delegados de la Mesa Territorial indicaron: “Hacemos un llamado a los grupos armados a que cumplan con la voluntad de paz que han manifestado querer adelantar con el Estado colombiano; la paz total y verdadera debe traducirse en hechos reales”.

Sobre la presencia de carteles mexicanos en Cali y en Jamundí, la Policía Metropolitana informó que no se tiene conocimiento de la existencia de estos grupos directamente. Sin embargo, según fuentes de la Fuerza Pública, muchos de estos actores contratan y subcontratan grupos delincuenciales para la comisión de delitos, como el tráfico de drogas. Asimismo, el alcalde Eder recordó que en lo que va del año, la Policía ha capturado a 18 presuntos integrantes de grupos armados, como disidentes en Cali y en Jamundí.

Clamor de los gremios al Gobierno Nacional 

La Asociación Nacional de Empresarios (Andi), la Cámara de Comercio de Cali, Invest Pacific, ProPacífico y la Unidad de Acción Vallecaucana se unieron para elevar una petición: "Ante la escalada de violencia que se viene registrando en el suroccidente colombiano rechazamos estos hechos que demandan atención contundente del Gobierno Nacional y demás autoridades". 

El llamado también lo hizo la presidenta de la junta directiva del Comité Intergremial del Valle (CIEV) y presidenta de Asocaña, Claudia Calero, dijo que el Valle necesita una mirada diferente para rodear al departamento, pidiéndole al Gobierno Nacional que contenga la inseguridad en la región y señaló que los gremios están pidiéndole una audiencia al presidente Gustavo Petro, petición de 34 gremios de dicho comité.

“ProPacífico y otras entidades del sector privado nos sumamos al llamado de nuestras entidades locales al Gobierno nacional, lo que está sucediendo en materia de seguridad es muy grave en el suroccidente colombiano, necesitamos trabajar unidos; necesitamos más pie de fuerza, más inteligencia, más trabajo en territorio en temas de prevención, sumarnos todos para que esto que está sucediendo en Jamundí y en el suroccidente colombiano pare ya”, aseveró la directora ejecutiva de la entidad, María Isabel Ulloa.

El presidente Cámara de Comercio de Cali, Luis Fernando Pérez, precisó: “Necesitamos que el Gobierno Nacional haga un esfuerzo aún mayor y con contundencia por su respaldo a la seguridad del Valle del Cauca, ha sido el llamado que la Gobernadora ha hecho y que desde los gremios, el sector privado, queremos replicar para que entre todos podamos afrontar esta situación y el respaldo que necesita nuestras fuerzas militares y de Policía para poder contener a los delincuentes y terroristas que quieren tomarse Jamundí”.

La importancia de una intervención integral fue resaltada por la directora Unidad de Acción Vallecaucana, María Isabel Alvarado, con acciones “que permitan garantizar la seguridad, el orden público y los derechos de todos los ciudadanos ante la escalada de violencia que estamos viviendo". Anotó: "Nos solidarizamos con todas las víctimas y sus familias por estos difíciles momentos”.

*Nombre cambiado por solicitud del ciudadano para garantizar su seguridad*

CAROLINA BOHÓRQUEZ

Corresponsal de EL TIEMPO

Cali