¿Qué pasó con la ‘paz urbana’ en Buenaventura y por qué los delegados del Gobierno piden una reunión con Otty Patiño?

En una carta dirigida al comisionado consejero para la paz, Otty Patiño, los delegados del Gobierno en el proceso de ‘paz urbana’ en Buenaventura le pidieron al funcionario una reunión para tomar decisiones en torno a este espacio sociojurídico de conversación, uno que al igual que sucede en Medellín y Quibdó, no despega.  

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“Vemos con preocupación que varios temas y requerimientos puestos en su conocimiento en repetidas ocasiones, siguen sin ser atendidos, esta situación ha generado que la delegación guberanemental incumpla varios de los compromisos adquiridos en el espacio de conversación sociojurídica, lo que a su vez tiene implicaciones negativas sobre el proceso de paz”, se lee en la misiva.

Allí mencionan que desde noviembre del año pasado hay unos acuerdos con los voceros de las estructuras armadas que se disputan el territorio en el puerto (Shottas y Espartanos) y una metodología de trabajo definida que no se ha podido concretar debido a 10 factores.
 
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Indican que no se ha adelantado la contratación del equipo necesario para realizar “las gestiones propias del proceso de paz” y que, aunque en el 2023 se dejaron reservas por 2.999 millones de pesos para labores ligadas a la paz, la delegación sigue sin recibir información sobre estos recursos o sobre la cuantía con la que cuentan para el funcionamiento del proceso.

“Ni la delegación, ni los profesionales de la oficina del Comisionado Consejero para la Paz que actualmente acompañan el proceso cuentan con las mínimas condiciones para adelantar su trabajo”, agregan en la carta, en la que además denuncian la “baja calidad y elevado costo” de los elementos logísticos que se han facilitado para la realización de las actividades del proceso.

Más adelante, dicen que estas personas no cuentan con medidas de seguridad y que a esto se suma la decisión de los voceros de los Espartanos de suspender desde marzo su participación en el proceso por “falta de garantías judiciales y de seguridad”.

Uno de los escollos a los que se enfrenta este proceso, así como los que se desarrollan con bandas delincuenciales de Quibdó (Chocó) y Medellín (Antioquia), es la falta de un marco jurídico para su sometimiento.

Cabe mencionar que el pasado 30 de noviembre la Corte Constitucional estableció algunos condicionamientos a la Ley 2272 de 2022, conocida como la ley de 'paz total', a través de una sentencia. El alto tribunal declaró inexequible que fuera “el juicio del Gobierno” el que definiera los términos del sometimiento a la justicia de las bandas y advirtió que eso se debía hacer el Congreso a través de una ley.

Finalmente, le piden a Patiño estar presente en la próxima sesión de la delegación del Gobierno y que allí se emitan una serie de compromisos para que el proceso de paz siga en pie. Hay que recordar que el acuerdo de reducción de la violencia firmado por Shottas y Espartanos vence el próximo 5 de mayo. 

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En la carta también le solicitan al funcionario de la oficina de paz informar a la delegación cuáles serán los recursos de funcionamiento para 2024, realizar la contratación de los asesores de la delegación de paz y garantizar el alquiler de una oficina para el funcionamiento del espacio de conversación.

Además, piden que “se convoquen de manera inmediata las reuniones con la Fiscalía General de la Nación, la Policía Nacional y otras entidades competentes para brindar las garantías necesarias al proceso de construcción de paz de Buenaventura”.

Finalmente, hacen una solicitud para que se les informe sobre los gastos e inversiones que se han realizado para el proceso y un plan para evitar sobrecostos en los requerimientos logísticos del mismo. 

Esta carta llega dos meses después de que la Unión Europea (UE) anunció una inversión de 2,5 millones de euros (unos 10.700 millones de pesos) para apoyar los procesos de paz del Gobierno. Estos recursos estarían destinados principalmente a la implementación del acuerdo de paz con las extintas Farc, a la mesa de diálogo que se desarrolla con el 'Estado Mayor Central' y a los procesos 'paz urbana' de Buenaventura y Quibdó.