Por qué sacaron a los dos altos funcionarios de la Casa de Nariño

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Las llamas del escándalo de la UNGRD alcanzaron la Casa de Nariño: Sandra Ortiz, Consejera para las Regiones; y Andrés Idárraga, se marchan de Palacio.
El Gobierno del presidente Petro busca cortar así de raíz, un asunto que emana un fuerte olor a corrupción, precisamente una de las banderas que el jefe del Estado más ondeó durante la campaña.

Petro construyó su enorme capital político desde sus tiempos de parlamentario como un luchador contra este cáncer que destruye la confianza de la sociedad en lo público.
De su autoría es, por ejemplo, el haber destapado el escándalo del Carrusel de la contratación en Bogotá, durante la administración del exalcalde Samuel Moreno Rojas, sin importarle que en un momento dado hubiera militado con él en el Polo Democrático Alternativo.

Este viernes, sin embargo, las miradas por actos sobre el abuso del manejo de dineros públicos están sobre su gobierno.

Ha sido un viernes frenético. Desde que la Unidad Investigativa de este diario reveló, en la madrugada, que Sneyder Pinilla, exalto funcionario de Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) iba a sellar un principio de oportunidad para entregar información supuestamente relevante en contra de varios funcionarios, entre congresistas y unos más de la propia entraña de Palacio, los sucesos se desarrollaron de manera vertiginosa.

Fuentes enteradas del caso le dijeron a EL TIEMPO que en estos episodios iban a salpicar a la alta consejera para las regiones, quien es, además muy cercana al senador Iván Name, ambos del partido Alianza Verde, al igual que Carlos Ramón González, exdirector del Dapre y ahora cabeza de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI).

De entrada Gustavo Bolívar, director del Departamento de Prosperidad Social, DPS, se mostró tajante y pidió la renuncia de Ortiz.

“Le aconsejo que dé un paso al costado porque obviamente el Gobierno no tolera esto. Un Gobierno que nunca nos ha dado una instrucción distinta a cuidar los recursos de la Nación”, dijo Bolívar.

En el entretanto, Carlos Carillo, quien reemplazó a Olmedo López, al frente de la UNGRD que se fue manchado por el escándalo de la millonaria compra de carrotanques para La Guajira, entró en un debate abierto y público con Daniel Quintero, exalcalde de Medellín.

Los opositores a Petro miraban desde la barrera como dos de los alfiles más preciados de la izquierda se acusaban mutuamente por demostrar la culpabilidad del otro. En Palacio, entre tanto, se vivían momentos de tensión.

En principio, Rojas dijo que no renunciaba. Mientras que a Idárraga se le cuestionaba cómo había dejado crecer semejante situación.

El Presidente, por su parte, insistía que cualquier funcionario que cometa un acto de corrupción se irá del Gobierno. En las redes sociales, le recordaban que él había premiado a Armando Benedetti con la embajada ante la FAO cuando habló de contar el supuesto ingreso de dineros manchados a la campaña.

En este ambiente, en la noche, el Presidente decidió cortar de tajo la situación y sacó a sus dos funcionarios que tienen sus oficinas cerca de la suya.

“Los hechos alrededor de la UNGRD y la compra de carro tanques así como la mención de varios políticos en torno al sobrecosto de los mismos y los posibles sobornos pusieron al Gobierno una vez más en una situación de gran dificultad ante la opinión pública. La salida de la hasta hoy consejera de regiones era de esperarse. El Presidente nunca se ha visto cercano a ninguno de los consejeros, ni asesores, incluso no ve uno Ministros cercanos al mandatario salvo Laura Sarabia”, dice Gonzalo Araujo, docente de la Universidad Javeriana.

Para este catedrático la situación tendrá un efecto adicional por fuera de Palacio. “El gran perdedor con la salida de la consejera de regiones en el Partido Verde que cada vez más actúa como, lo que ellos durante tanto tiempo señalaron", dice.

"Esto es como partido políticos tradicionales o políticos tradicionales", asegura este experto.

Para quien, además, el episodio deja dudas marcadas en la lucha contra la corrupción. "Con relación a la consejería de Transparencia, este gobierno se encargó de quitarle relevancia a un cargo que por años, tuvo un rol importante en los gobiernos. Tan opaco ha sido la gestión del actual consejero que es difícil acordarse de su nombre y ubicarlo”. asegura Araújo.

El analista político Gabriel Cifuentes valora la decisión tomada por el Presidente. “Es una decisión acertada. Que se defienda de tan graves acusaciones desde Palacio. Esto le puede hacer mucho daño al Gobierno", dice.

"Y no solo eso, sino que se muestra categórico al renovar su mensaje de que cualquier funcionario que pueda estar involucrado en actos de corrupción tiene que salir", agrega Cifuentes.

"Con cada escándalo se pierde asepsia y autoridad moral. Mantenerla en el cargo tendría un costo político alto”, señala.

Para este experto, sin embargo, la toma de semejante decisión implica que “los indicios son muy graves” en este caso.

“Este es apenas la punta de un iceberg que le puede costar un inmenso capital político al gobierno y a su idea de cambio. Es importante que se tomen correctivos inmediatos so pena de poner en riesgo la credibilidad del gobierno”, argumenta.

Una opinión que comparte Carlos Arias, profesor de política y comunicación de la Universidad Externado: “Las declaraciones del ex subdirector de la UNGRD son muy graves y el Gobierno debe saber que no son simples rumores sino que tienen un asidero fuerte. Por eso, creo, el Gobierno no dudó en sacar a los funcionarios de Palacio”. 

Así terminó uno de los días más difíciles vividos en la Casa de Nariño. Sin embargo, al recordar lo que han sido estos meses. Son varias ya las jornadas con nubarrones para un Gobierno que prometió transparencia y cambio.

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