¿Por qué la ley de amnistía catalana provoca controversia en España y qué hay en juego?

Tras la polémica que se armó en España por cuenta de la cuestionada ley de amnistía para quienes participaron en el intento independentista de Cataluña en 2017, ahora se suma el anuncio del expresidente catalán Carles Puigdemont quien dijo se presentará como cabeza de lista para las elecciones regionales del 12 de mayo.

Puigdemont huyó de la Justicia española y se exilió en Bélgica luego de que se abrió una investigación contra él. Pero, ahora, la ley de amnistía le podría abrir la puerta para su regreso a España, por lo cual el anuncio de su candidatura vuelve a sacudir el ya crispado ambiente político en el país ibérico.

La legislación española obliga a que la toma de posesión del escaño sea de manera presencial, pero si en el momento en que se constituya el nuevo Parlamento catalán no está en vigor la amnistía, Puigdemont corre el riesgo de ser detenido por las autoridades españolas por su implicación en el proceso independentista de 2017, lo que abre todo un nuevo episodio de incertidumbre.

¿Por qué todo esto agita el tablero político español?

Un mano a mano incesante entre el gobierno del presidente Pedro Sánchez y los partidos de oposición —el Partido Popular (PP) y Vox— impone el ritmo de acciones y contracciones en el proceso de la aprobación final del proyecto legislativo de la amnistía en España.

La propuesta de ley, que busca perdonar a los separatistas involucrados en la declaración de independencia de Cataluña a cambio de mantener el apoyo a Sánchez en la presidencia del país, ha sufrido varios inconvenientes en los últimos meses.

En un principio, el equipo de Sánchez y los movimientos separatistas, Junts per Catalunya y Esquerra Republicana, habían alcanzado un acuerdo sobre el contenido de la futura ley. El proyecto, sin embargo, se vio entorpecido por sombras de inconstitucionalidad. Tuvo que ser modificado después de que los abogados del Congreso advirtieran que la inclusión en la amnistía de todos los casos de terrorismo, salvo aquellos que tuvieran sentencia firme, podría poner en riesgo el dictamen sobre la norma por parte del Tribunal Constitucional y la justicia europea.

De hecho, la propuesta llevó al juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón a afirmar que los separatistas involucrados en las protestas contra la sentencia del procés —procedimiento judicial que condenó a prisión a los líderes del movimiento independentista de Cataluña, en octubre de 2019— violan “el derecho a la vida e integridad física reconocidos en el artículo 15 de la Constitución española y el artículo 2 del Convenio Europeo de los Derechos Humanos”. Este mismo juez imputó en noviembre al expresidente catalán Carles Puigdemont, uno de quienes se beneficiaría de la amnistía, fugado en la actualidad.

Tras la enmienda de rigor, finalmente, la semana pasada el partido de gobierno, Partido Socialista Obrero Español (PSOE), y los movimientos catalanes sellaron el acuerdo. Como consecuencia, el Congreso aprobó el proyecto para su envío al Senado, donde domina la oposición. Los servicios jurídicos del Senado, afines al PP, se oponen a la norma, a la que tachan de inconstitucional y juzgan la proposición de ley aprobada por mayoría absoluta en el Congreso como una “reforma constitucional encubierta”.

Intervención europea

Pero antes la oposición ya había puesto una piedra en el zapato del proyecto: el informe de la Comisión de Venecia, un organismo consultivo del Consejo de Europa al que recurrió el PP para buscar en el conjunto europeo el rechazo a la amnistía. La espera del informe marcó en las últimas semanas la evolución del proyecto legislativo.

La Comisión se pronunció finalmente el viernes de la semana pasada. Aunque criticó la urgencia con que se tramitó el proyecto y el ámbito temporal de aplicación, terminó por avalarlo.

El dictamen es un triunfo para el Gobierno. Argumenta que sus miembros “tumban la principal mentira del PP, que dijo que la Comisión de Venecia exigía una reforma constitucional para aprobar una ley de este tipo y mantiene su valoración sobre la legitimidad política de la amnistía como instrumento de reconciliación”.

Pero el Partido Popular también hizo su propia interpretación del dictamen. Según el presidente del Senado, el popular Pedro Rollán, “ha sido un acierto que el Senado solicitara el Informe de la Comisión de Venecia. Reconforta y reafirma el acierto, en pro de garantizar la igualdad de los españoles y de los territorios”.

Lo cierto es que el órgano consultivo respalda el sentido conciliador de las amnistías y afirma que la división de poderes no está en cuestión si son los jueces quienes toman la decisión final de su aplicación. La secretaria general del PP, Cuca Gamarra, se limitó a asegurar que “derogaremos esa ley cuando lleguemos al gobierno”.

El Gobierno, mientras tanto, informó que tendrá en cuenta las recomendaciones de la Comisión de Venecia y reestudiará lo relacionado con la ampliación del plazo que se consagró en la última enmienda y otras cuestiones como la delimitación de la cobertura de la ley.

De cualquier manera, el informe es meramente consultivo y no obliga a su ejecutoriedad. Esto ha permitido que el mano a mano sea la pauta de actuación de los partidos y que cada uno asuma de él lo que más le convenga.

Tensión entre “socios”

El separatismo catalán se toma la marcha de los acontecimientos con paciencia. Espera que la amnistía salga adelante, pero frena el apoyo irrestricto al Gobierno hasta no ver los resultados finales. Tanto es así que varios sectores de opinión aseguran que, aunque Sánchez sea el presidente, aún no ha empezado a gobernar o no ha podido empezar a hacerlo. La gobernabilidad se mantiene en jaque.

Los separatistas, para enseñar de nuevo sus dientes a Sánchez, decidieron convocar a elecciones para el mes de mayo y, de paso, resolvieron esquivar el apoyo al Gobierno en materia presupuestal. Ante ello, el ejecutivo deberá repetir los presupuestos de 2023.

En cuanto a la convocatoria anticipada de las elecciones de mayo en Cataluña, se prevé el triunfo de los movimientos separatistas. Al gobierno no le queda más remedio que aguardar. La correlación de fuerzas determinará el futuro de la legislatura nacional. Sánchez depende ahora de cómo quede establecida esa correlación para reorganizar el gabinete ministerial.

La causa separatista continúa

Pero la preocupación de fondo no ha cambiado. El separatismo insiste en llegar nuevamente hasta el referéndum de autodeterminación. El editorial del diario El País, cercano al socialismo español, señaló el territorio de juego para el futuro: “No se trata de exigir a los independentistas que dejen de serlo, sino de que no vuelvan a imponer sus demandas vulnerando la ley y rompiendo la convivencia”, afirmó.

Pero esto parece importar poco a los separatistas. Puigdemont, fugado de España desde 2017 para evitar ser juzgado, planea ser la cabeza de la lista de su partido, Junts per Catalunya, en las elecciones de mayo, tras la aprobación de la amnistía. Desde Bélgica, donde se encuentra refugiado, expresó: “Nos fuimos al exilio por las mismas razones por las que vamos a regresar; el futuro de nuestra nación y no nuestro destino personal ha inspirado todas las decisiones”.

Y el secretario general de ese partido, Jordi Turull, que fue el primero en pedir que Puigdemont sea candidato a la presidencia de la Generalitat, no dudó en afirmar que “con la ley de amnistía ya podemos sentarnos de igual a igual y tenemos que ir por el reconocimiento nacional, que quiere decir el ejercicio de autodeterminación”. En tono desafiante agregó que, a pesar de haber sido condenado a doce años de cárcel por haber organizado el referéndum de separación, lo “volvería a hacer y lo haría mejor”. El objetivo separatista, pues, no se ha movido un centímetro.

A Sánchez podrían convenirle las elecciones catalanas. Si sale fortalecido el partido de Puigdemont, aseguraría la gobernabilidad nacional que por momentos tiembla ante las constantes amenazas rupturistas de Junts per Catalunya. Y a los separatistas les benefician esos comicios porque tendrían más margen para negociar los presupuestos con el Gobierno y obtener las competencias que reclaman para Cataluña. La clave, sin embargo, está en la amnistía. Es el lazo que une al PSOE y a la organización política del expresidente fugado.

Como afirma la analista Estefanía Molina, “para amarrar a Puigdemont, los tiempos judiciales de la amnistía seguirán siendo el talismán de Sánchez: Junts estará atado hasta la publicación de la ley en el BOE (Boletín Oficial del Estado), y también hasta que la apliquen los tribunales”.

Por ahora, parece que Sánchez sigue siendo el gran estratega de la política española: tiene amarrados a su gobierno a los separatistas con la zanahoria de la amnistía, mientras juega a ganar tiempo para evitar que un nuevo proceso de autodeterminación llegue durante su mandato. En el fondo, cree que el manto de la amnistía entretendrá a sus beneficiados, que se dedicarán a gobernar a Cataluña bajo nuevas reglas y nuevos aires de libertad. Una vez más demuestra que cuando parece que las fichas vuelan sobre el tablero, él sabe cómo hacer que caigan a su favor.

JUANITA SAMPER OSPINA

CORRESPONSAL DE EL TIEMPO

MADRID