Norte de Santander entre los departamentos con más desaparecidos en el 2023

Para el año 2023, Norte de Santander fue el tercer departamento con mayor número de víctimas por minas antipersonal, restos explosivos de guerra u otros artefactos lanzados o de detonación controlada. De las 50 víctimas registradas, 15 perdieron la vida.

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Asimismo, el departamento se ubica en la cuarta posición de las zonas con más casos de desaparición, con 16. Entre Arauca, Cauca, Nariño, Norte de Santander, Chocó y Valle del Cauca, completan el 75 por ciento de los casos de desaparición en todo el territorio nacional.

Stephanie Eller, jefa de la subdelegación del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) para el nororiente colombiano, explicó que esta cifra puede ser vista como un subregistro, debido a que hay casos que no se reportan, ya sea por temor o por desconocimiento de las rutas para hacer la denuncia.

“En cinco años podremos estar documentando todavía casos de 2023. Y eso ocurre porque de un lado, hay familiares de desaparecidos que no saben qué pueden hacer o a quién se pueden acercar para reportar el caso; y por otra parte las personas siguen teniendo miedo de reportar los casos porque el actor armado responsable sigue en la zona. Lo complejo aquí es que mientras más tardío es el reporte, más difícil es la búsqueda”, afirmó Stephanie Eller.

Además, en Norte de Santander la población afectada por el desplazamiento masivo aumentó en un 46 por ciento respecto al 2022; esto a pesar de los cese al fuego pactados entre el Gobierno Nacional y los distintos grupos armados durante el año pasado.

Luis Fernando Niño, alto consejero para la paz y la reconciliación de la Gobernación de Norte de Santander, destacó que las conversaciones de paz adelantadas durante el 2023 se tradujeron en una reducción significativa de combates entre actores armados
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“Si bien es cierto que disminuyó la confrontación de la Fuerza Pública contra grupos armados al margen de la ley, lo que sí hubo fue una exponencial alza en otros temas como extorsión, secuestro y el reclutamiento a menores de edad”, indicó Niño.

Por su parte, el exalcalde de Tibú, Nelson Leal, quien tuvo que gobernar desde Cúcuta en sus últimos meses de gobierno por razones de seguridad, afirmó que el mayor flagelo que tuvo que atender fueron los desplazamientos masivos en zona rural, algunos de ellos en límites con Cúcuta.

“La gente se siente desprotegida porque la institucionalidad no está en el territorio. Debe haber Fiscalía, debe haber juzgados, deben estar todos los entes de control para que la población se sienta respaldada y no a merced de los grupos armados. El Catatumbo no tiene vías dignas ni servicios de salud de calidad”, reveló el exalcalde.

De acuerdo con el CICR, en Norte de Santander, 1.250 personas se desplazaron de forma masiva y se identificaron al menos 10.220 casos de desplazamientos individuales.

“Impacta el nivel de desprotección total de las comunidades en las zonas afectadas por los conflictos armados (…) La población civil sigue encontrándose en medio de fuegos cruzados, con acceso limitado a sus medios de sobrevivencia por la presencia de artefactos explosivos en sus alrededores, teniendo que adoptar medidas de autoprotección tales como el confinamiento o el desplazamiento”, sostuvo Eller.

Los actos violentos contra la asistencia de salud también se mencionan en el balance humanitario. A nivel nacional se reportaron 511 eventos, mientras que en Norte de Santander se contabilizaron 29 casos de infracciones e incidentes contra las misiones médicas.

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La subdelegada del CICR insistió en la importancia de tener presencia en las zonas más afectadas por la violencia y la sensibilización a los actores armados acerca del Derecho Internacional Humanitario.

“En el Catatumbo sigue existiendo un nivel alto de desprotección para las comunidades y es necesario que se adelanten unos acuerdos especiales. Si bien por ahora están más callados los fusiles, esto no quiere decir que no se estén dando afectaciones, justamente esas afectaciones son las más difíciles de identificar”, precisó.

Por último, y en sintonía con el llamado del CICR a la adopción de acuerdos especiales en el marco de las negociaciones con grupos armados, Luis Fernando Niño explicó que para este 2024 se busca establecer mesas de trabajo locales, bajo el nombre de ‘Voces ciudadanas por la paz’.

“Lo que pretendemos es tener mínimos humanitarios, es decir que no haya secuestros, que no haya reclutamiento, que no coloquen explosivos, que nos permitan entrar y salir a zonas de combate con enfermos, heridos y personas embarazadas, que a los niños los dejen por fuera”, sentenció.

Andrés Carvajal
Para EL TIEMPO - Cúcuta