Los alcances del umbral que propone el Gobierno en recta final de la pensional

Cálculos preliminares apuntan a que alrededor del 95 por ciento del ahorro pensional irá al régimen de prima media (Colpensiones). Y no es para menos, hasta febrero, los afiliados a las AFP en el rango salarial de hasta 4 salarios mínimos que pasarían allí sumaban 18,5 millones. Si se acoge la propuesta del Gobierno, dejaría a los fondos con apenas unos 611.200 cotizantes, lo que se interpreta como la estocada final para esas entidades.

Este no es el único efecto negativo. La propuesta implica también que las personas de más altos ingresos tengan subsidios más elevados sobre sus pensiones, manteniendo la inequidad del sistema actual, además eleva los costos del pasivo pensional y aumenta el riesgo de insostenibilidad del sistema.

Mauricio Olivera, vicerrector Administrativo y Financiero en la Universidad de los Andes y expresidente de Colpensiones, advierte que se aumentaría la presión fiscal, el gasto en el Presupuesto General de la Nación crecería y habría la necesidad de elevar los impuestos o sacrificar otros gastos para cumplir con la regla fiscal.

“En últimas, la consecuencia de subir el umbral es dejar una deuda futura para el siguiente gobierno, cuando lo que se debería hacer es dejar el sistema lo más sostenible posible”, señala.

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Algo que no sucederá y habrá que pensar en una nueva reforma en unos 12 o 15 años para hacer ajustes paramétricos, como lo señaló Gloria Inés Ramírez, ministra del Trabajo, en reciente entrevista con este medio.

Para Olivera no hay duda de que en el futuro habrá una presión fiscal más grande a menos que se haga una nueva reforma para buscar un equilibrio, y la única que se puede hacer bajo esas circunstancias es una donde se consiga más ahorro o menor gasto.

“Si es esto último, habrá que subir la edad de jubilación; si esto no se puede por presiones políticas, hay que elevar el ahorro a través de una mayor tasa de cotización, más semanas o que la tasa de reemplazo de las 1.300 semanas no sea el 65 por ciento del promedio salarial de los últimos 10 años, sino 50 por ciento, o que el promedio sea sobre la base del ingreso de toda la vida laboral”, dice.

Si bien el tema quedó planteado casi tan rápido como en la plenaria del Senado se le dio la bendición al proyecto pensional el miércoles pasado, varios expertos consultados dan por hecho que esto se puede cristalizar sin medir las consecuencias e implicaciones económicas que traerá esa decisión.
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“Si nos vamos a un umbral de 4 salarios, queda muy claro que es una estatización del sistema de pensiones como lo conocemos. Es volver al Instituto de Seguros Sociales (ISS), como es más conocido para los colombiano. Básicamente esa es la implicación”, comentó José Ignacio López, presidente del centro de estudios económicos Anif.

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Por su parte, César Pabón, director ejecutivo de Investigaciones Económicas de Corficolombiana, consideró: “Un umbral más alto es claramente más costoso para los colombianos y pone en riesgo el sostenimiento y financiamiento del sistema pensional en el mediano y largo plazo. Además, mantiene la regresividad en las pensiones altas (mayor subsidio a los más ricos), en contravía del propósito de concentrar la atención sobre los más vulnerables”.

Esos factores convertirán al tema del umbral en uno de los puntos centrales de la discusión tan pronto la Cámara de Representantes retome el debate de la iniciativa pensional presentada por el Gobierno. Al umbral se sumarán otras discusiones, como la entrada en vigor de la ley una vez sea promulgada, pues hay quienes consideran que seis meses no son suficientes para hacer todos los ajustes que impondrá la reforma, entre estos, que Colpensiones logre la capacidad tecnológica y administrativa para atender a más de 25 millones de afiliados.

En torno a la propuesta de que el Banco de la República sea la entidad que administre el fondo de ahorro del pilar contributivo hubo respaldo mayoritario en el Senado, pero hay quienes dudan de que lo pueda hacer a la luz de lo que establece la Constitución, que fue la que le dio su independencia y le fijó tareas específicas. Por eso, se prevé que este sea otro de los temas de la reforma con amplia discusión en su paso por la Cámara de Representantes.

Las opiniones en torno a este punto van desde aquellos que no ven mayores implicaciones hasta quienes creen inconveniente que al banco emisor se le asignen tareas que no son de su resorte específico.

Según una fuente que ha estado vinculada al Emisor, la Constitución le pone límites y responsabilidades a la junta directiva, “pero esto de las pensiones es una tarea del banco, no de la junta”. Y concluye: “Mientras no involucre a la junta, no tendría un tema constitucional de por medio”.

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Otro experto consultado coincide en que una ley es suficiente, y va más allá al señalar que “en las funciones del Banco de la República previstas en la Constitución está la de ser agente fiscal del Gobierno”.

Así, como la Constitución no tiene una prohibición de que el Emisor administre recursos del Gobierno, “se ha entendido que eso es parte de su función como agente fiscal”.

Por esa razón, recuerda el experto, el banco central administra o ha administrado varios fondos con recursos públicos, como, por ejemplo, el Fondo de Reserva para la Estabilización de la Cartera Hipotecaria (Frech); el Fondo de Ahorro de Estabilización Petrolera (Faep), que se liquidó en febrero del 2021, y el Fondo de Ahorro y Estabilización (FAE). En todos estos casos ha mediado una ley previa.

Sin embargo, Juan José Echavarría, quien estuvo en la gerencia del banco entre el 2017 y el 2021, tiene una opinión diferente. “En principio, no me gusta la idea de asignarle más y más funciones al Banco de la República porque ‘hace las cosas bien’… hasta que comienza a ‘hacerlas mal’”, manifestó.

Para el exministro Carlos Gustavo Cano, quien fue miembro de la junta de la entidad, “a primera vista trasciende los límites de la Constitución. Además, sería un insoportable dolor de cabeza para la autoridad monetaria, cuya función es otra. Y en mi sentir atentaría contra su independencia. Terrible migraña. Me parece que no le corresponde. Esos son recursos de los propios ahorradores, que son sus cotizantes. Lo indicado sería atender la recomendación del Comité Autónomo de la Regla Fiscal en el sentido de garantizar que el fondo de ahorro sea administrado por gestores especializados con un gobierno corporativo claro que vele por la maximización de su rentabilidad. Los únicos fondos que le corresponde administrar al Banco son las reservas internacionales de la Nación”.

Hay que recordar que los recursos que llegarán a ese fondo de ahorro pagarán las pensiones de millones de colombianos cuando estos cumplan las condiciones para su jubilación, razón por la cual desde el comienzo de la discusión del proyecto pensional se rechazó la idea de que esos dineros fueran administrados por la estatal Colpensiones, dado que no cuenta ni con la capacidad técnica ni administrativa para hacerlo.

El temor de los representantes de los fondos de pensiones, y del sector privado en general, es que esos recursos terminen siendo usados para gasto corriente del Gobierno y no para el pago de pensiones, lo que en el futuro generaría un enorme hueco en las finanzas públicas que terminarían pagando las generaciones futuras. 

La mejor y más directa forma de preservar la sostenibilidad fiscal del sistema pensional es mediante la reducción del umbral de cotización o la posibilidad de que este se reduzca en el futuro”.

Esta es una de las conclusiones del más reciente análisis elaborado por Anif, en el que advierte, además, que si bien el umbral aprobado de 2,3 salarios mínimos mensuales implica un ahorro en el pasivo del sistema pensional de 14,6 puntos porcentuales frente a la propuesta de 3 salarios, el régimen de transición aprobado eleva de manera significativa el pasivo del sistema.

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“Con lo anterior, la ganancia de contar con un menor umbral es contrarrestada por una ventana de transición más generosa”, señala el centro de estudios económicos.

Explica que, según sus cálculos, bajo el proyecto de ley original, el pasivo del régimen de transición establecido en 1.000 semanas equivaldría al 16 por ciento del PIB en valor presente neto (VPN) para el 2100. Pero con el articulado aprobado en el Senado, que reduce a 900 y 750 semanas cotizadas el requisito de transición de hombres y mujeres, respectivamente, ese pasivo pasaría a 28,3 por ciento del PIB, lo que equivale a un incremento de 12,3 puntos porcentuales respecto al pasivo del proyecto original. Con eso, el pasivo total del sistema ascendería a 191,6 por ciento del PIB.