La historia detrás del ‘reversazo’ en resolución que pedía a pasaporte vigente a venezolanos en Colombia

Por segunda vez, el gobierno de Gustavo Petro tiene que echarse para atrás en temas de un texto normativo en menos de una semana. Primero fue el borrador del manual tarifario publicado por el Ministerio de Salud y luego un proyecto de resolución que endurecía las condiciones para que los venezolanos entraran a Colombia.
​(Puede ver: 'La filosofía de este Gobierno no es ponerle trabas a la población migrante': canciller (e) Murillo)

El documento, que reemplazaría a la resolución 2231 del 9 de junio de 2021, indicaba que las personas que deseen ingresar al territorio nacional deberán presentarse “ante la autoridad migratoria con su pasaporte vigente, documento de viaje e identidad válido, según el caso, y con la visa correspondiente cuando sea exigible; y que deberá suministrar la información solicitada por la autoridad migratoria”.

Esto causó gran polémica ante las dificultades que tienen los venezolanos para renovar su pasaporte, tanto así que buena parte de dicha población se encuentra en Colombia con dicho documento vencido. Por eso, durante el gobierno de Iván Duque se había expedido la resolución 2231, dándole una ventana de 10 años para renovar el documento.

No obstante, en el borrador de la resolución se argumentó que las dificultades se habían superado puesto que se restablecieron las relaciones diplomáticas y consulares con el vecino país. “Las circunstancias especiales que llevaron a la formulación de la Resolución 2231 del 9 de junio de 2021 se consideran superadas”, decía el proyecto de resolución de la discordia.
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​(También: ¿Reversazo del Gobierno? Presidente Petro asegura que no exigirán pasaportes a los migrantes venezolanos)

Tanta fue la polémica que el primer mandatario y el canciller encargado tuvieron que anunciar que no era cierto lo proyectado en el documento. “Mi gobierno no exigirá pasaporte a los migrantes venezolanos”, dijo Gustavo Petro en un trino en respuesta a una nota periodística que hablaba que había causado el borrador.

Horas después también habló el canciller (e) Luis Gilberto Murillo. "Es importante que los funcionarios de esta Cancillería entiendan que la filosofía de este Gobierno no es ponerle trabas a la población migrante, sino facilitarles su acogida. Tienen que tener una concesión distinta", expresó Murillo.

Las declaraciones del canciller fueron un claro llamado de atención a los funcionarios del Ministerio de Relaciones Exteriores. La razón es que, según fuentes de Cancillería, el documento nunca fue consultado con Murillo y mucho menos tuvo el visto bueno de este.

Según la información obtenida por EL TIEMPO, las distintas áreas de la cartera tienen libertad para la proyección de decisiones, así como ocurrió con el tema de los contratos de los pasaportes. En este caso, un funcionario encargado de esos temas proyectó una resolución en la que se restablecía la exigencia de pasaportes vigentes a los migrantes venezolanos.
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​(También: ¿Qué dijo el canciller (e) Murillo sobre empresa mexicana que presuntamente buscaría parte del contrato de los pasaportes?)

Sin embargo, esta propuesta nunca pasó por el despacho de Murillo y no contó con el aval para su publicación y puesta a consideración para comentarios. Ante la polémica, fue el propio canciller el que pidió que se diera de baja dicho documento, pues no representaba el espíritu del actual gobierno.

“Yo fui migrante. Me sigo considerando migrante. Y entiendo cómo los obstáculos le hacen a uno la vida imposible. Este Gobierno progresista tiene que facilitarle a la población en movilidad humana, su tranquilidad y dignidad con sus familias”, concluyó el que está asumiendo las labores de Álvaro Leyva mientras su sanción.

Para soportar la postura de que nunca fue un documento con aval, desde la Cancillería se ha mostrado que el borrador de resolución nunca fue difundido al público como sí se ha hecho con otros proyectos que buscan las opiniones de la opinión pública.

Las consecuencias de exigir pasaporte

En medio de la polémica, la tesis principal era que la determinación de exigir pasaportes vigentes le era favorable al régimen de Nicolás Maduro, pues hacía más difícil la salida de venezolanos de su país e iría en una línea de menores facilidades para la población vecina que busca salir de su territorio por las acciones de su gobierno. Sin embargo, esto podría tener serias implicaciones a los venezolanos que querían migrar y los que incluso estaban ya en Colombia.

María Gabriela Trompetero, investigadora sobre migración que dio a conocer la noticia, consideró que este es un tema que para Colombia no representaba “casi ninguna presión interna” y que, probablemente, esa decisión "era una exigencia del gobierno de Maduro en este momento electoral donde solo goza de rechazo popular y, por lo tanto, necesita facturar”.

“¿Cuántas personas venezolanas en Colombia que pudiesen ir a votar a Venezuela (ya que el régimen de Maduro solo le permitió a un ínfimo número cambiar o actualizar su registro electoral en el extranjero) ya no podrán ir a ejercer su derecho a Venezuela porque Colombia exige ahora pasaporte vigente?”, se preguntó Trompetero.

La periodista y antropóloga Catalina Lobo-Guerrero, quien fue corresponsal para varios medios en Caracas, consideró que más allá del pronunciamiento del presidente Petro, esta "era una medida que significaba un retroceso en política migratoria en Colombia, que a diferencia de otros países de la región que han impuesto medidas restrictivas para los venezolanos, había mantenido una postura más humanitaria y de respeto a los derechos de los migrantes".

"Algunas encuestas recientes venezolanas, la Delphos, señalaban que el 25 por ciento de los venezolanos estaba dispuesto a emigrar y que cuatro de cada cinco aceleraría esa decisión si Maduro volvía a ganar. Y entonces esta medida o proyecto de decreto en Cancillería se leyó como Colombia estaba anticipándose a esa situación y quería cerrarle las puertas a esos nuevos posibles emigrantes", agregó Lobo-Guerrero, quien sostiene que esta medida hubiera impedido a los venezolanos que no pudieron registrarse en el exterior y quieren viajar a su país, votar en las próximas elecciones presidenciales.
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​(Además: Colombia exigiría pasaporte vigente a migrantes venezolanos que quieran ingresar al país: ya hay borrador de resolución)

Incluso se llegó a poner sobre la mesa que el actual gobierno estaría teniendo políticas migratorias retardatarias en comparación a la administración de Iván Duque, que logró varios avances para que los venezolanos pudieran estar en el país en el medio de la crisis por el régimen Maduro.