Gobierno insistirá en que el presidente Petro asuma la regulación de servicios públicos

Luego de que hace prácticamente un año el Consejo de Estado anuló el decreto que daba vía libre para que el presidente Gustavo Petro pudiera asumir las funciones generales de la Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg) y la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico (CRA), el Gobierno Nacional quiere insistir en este tema a través de la reforma de las leyes del sector eléctrico (143 de 1994) y de servicios públicos (142 de 1994).

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Un borrador del proyecto de ley que se radicaría ante el Congreso de la República a comienzos de marzo indica que "la regulación de los servicios públicos está a cargo del Presidente de la República, quien puede ejercer esta función directamente, según lo estipulado en el artículo 68 de la presente ley, o delegarla en las comisiones de regulación, conforme a lo dispuesto en el artículo 211 de la Constitución Política".

El presidente de Andesco, Camilo Sánchez, aseguró que esta propuesta es "perjudicial para la prestación de servicios públicos en Colombia", ya que las "decisiones de las comisiones reguladoras con sustento técnico podrían ser reemplazadas por prioridades de carácter político".

El Gobierno tiene mayorías absolutas en cada una de las comisiones

Además, el líder gremial señala que esta medida es contraria a la decisión que adoptó el Consejo de Estado, que decretó la suspensión provisional del decreto de reasunción de funciones regulatorias por parte del Presidente.

"Esta discusión parecía tema superado debido a que el Gobierno tiene mayorías absolutas en cada una de las comisiones y solo le falta nombrar algunos miembros en propiedad", enfatizó Camilo Sánchez.

Desde hace casi un año, la Creg está inmersa en una interinidad inédita, pues ha funcionado con el mínimo de comisionados expertos que se requieren para tomar decisiones porque el presidente Gustavo Petro no ha hecho los respectivos nombramientos en propiedad.

De hecho, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca le ordenó hace 19 días al Presidente designar a los seis comisionados expertos en propiedad en un plazo máximo de 30 días.

Otro artículo que genera preocupación son las modificaciones que se estarían planteando en cuanto a las sanciones que puede imponer la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios.

Pasarían de 2.000 (actualmente) a hasta 100.000 salarios mínimos mensuales, en el caso de que las sancionadas fueran empresas. Aunque el monto se graduará teniendo en cuenta el impacto de la infracción sobre la buena marcha del servicio público prestado, el factor de reincidencia considerando el año inmediatamente anterior a la fecha de imposición de la sanción y la situación financiera de la empresa, para lo cual se efectuará un análisis de los estados financieros del prestador con corte al 31 de diciembre del año inmediatamente anterior a la fecha de imposición de la sanción.

Si se trata de personas naturales, la multa sería de hasta 1.500 salarios mínimos mensuales y, además de los factores anteriores, podría variar dependiendo de la colaboración del investigado y el grado de participación de la persona implicada.

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Este es un proyecto que desconfía de la estructura regulatoria que tiene el país

Para el presidente de Andesco, este borrador del proyecto de ley deja en evidencia que se le estarían dando "facultades exorbitantes al superintendente de Servicios Públicos Domiciliarios, incluyendo el ejercicio de funciones jurisdiccionales con un poder absoluto y sancionador incluyendo multas confiscatorias, sin criterios claros de dosimetría, que podrían desembocar en arbitrariedad e ineficiencia en el ejercicio de sus funciones en perjuicio de los usuarios".

Dice que "este es un proyecto que desconfía de la estructura regulatoria que tiene el país y prácticamente quiere abolirla" y que va en contravía de la construcción concertada del proyecto de reforma de la ley de servicios públicos.

"Al ser conocida la última versión de este texto se siguen dando pasos atrás sin tener en cuenta aspectos fundamentales que desde el gremio se habían señalado", agrega.

El borrador de la reforma de las leyes del sector eléctrico y de servicios públicos también plantea mínimos vitales para los tres servicios públicos: energía eléctrica, acueducto y gas combustible, pero Camilo Sánchez cuestiona que no se precise con claridad las nuevas fuentes de financiación que lo faciliten.

No hay un espacio de recursos que puedan soportar esta nueva situación

"En estos momentos de estrechez fiscal y de decrecimiento económico no hay un espacio de recursos que puedan soportar esta nueva situación y por el contrario se aumentaría el déficit a niveles insostenibles, poniendo en riesgo la suficiencia financiera de las empresas", señala.

Otro punto que quedaría incluido en la reforma, según el borrador que se conoció, tiene que ver con las tarifas de energía eléctrica. Señala que la tarifa no podrá ser un elemento que se incluya como base para otorgar dichos contratos cuando se celebren contratos mediante invitación pública para que empresas privadas hagan la financiación, operación y mantenimiento de los servicios públicos domiciliarios.

Adicionalmente, los municipios quedarían facultados para aplicar medidas, con cargo a sus presupuestos, destinadas a asumir la reducción de las tarifas de los servicios públicos domiciliarios o de sus actividades complementarias. De acuerdo con el director ejecutivo de Andeg, Alejandro Castañeda, este aspecto ya está establecido en la Ley 142 de 1994.

Sin embargo, no quiso ahondar en una opinión sobre los demás detalles que contiene este borrador de la reforma. "Esperaré a que el proyecto de ley se radique o se publique oficialmente en la página de la Superservicios o del Ministerio de Minas y Energía para poder analizarlo en profundidad y poder fijar una posición sobre el mismo", dijo Castañeda.

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• La preparación técnica y experiencia que debe tener la persona que aspire a ser el director de la Upme ya no será de 6 años, sino que se disminuiría a la mitad, sería de tres años.
• La Creg pasaría a tener dos nuevos integrantes: un vocal de control nombrado por el Presidente de la República y un experto representante de la academia, cuya elección sería por concurso público. En cuanto a la CRA, también estaría integrado por un experto de la academia.
• Se faculta a la Nación para constituir empresas industriales y comerciales del Estado para la prestación de servicios públicos domiciliarios (EICE E. S. P.).
• Se da vía libre para que las entidades del Estado celebren contratos con personas o empresas sin ánimo de lucro que formen parte de la economía popular y comunitaria, con el fin de materializar la universalización de los servicios públicos. Esta contratación se haría de forma directa, siempre y cuando no se exceda los 100 salarios mínimos mensuales, es decir, 130 millones de pesos.
• Todas las personas públicas o privadas podrán generar para sí mismos o para terceros energía eléctrica a través de fuentes no convencionales, como lo son la solar, eólica, geotermia o biomasa.

Lo que funciona no se destruye, se mejora, y
este proyecto podría desnaturalizar todo
el modelo

Estos y otros cambios que estaría planteando el Gobierno Nacional no cayeron bien entre las empresas prestadoras de servicios públicos.

El presidente de Andesco, Camilo Sánchez, aseguró: "Por un problema coyuntural de tarifas no se puede poner en riesgo el sector de servicios públicos que ha funcionado exitosamente en los últimos 30 años. No hay que olvidar que Colombia es ejemplo en cobertura y calidad de servicios públicos en Latinoamérica”.

"Lo que funciona no se destruye, se mejora, y este proyecto podría desnaturalizar todo el modelo, generando caos e incertidumbre, perdiendo además el foco que en este momento debe ser lograr pasar el fenómeno del Niño con éxito”, agrega el líder gremial al tiempo que advierte que prestar servicios públicos en Colombia se volvería muy difícil si el proyecto de ley se aprueba como se está planteando, "pues, entre otras cosas, la inseguridad jurídica desincentiva la inversión".

Si este proyecto de reforma se radica en el Congreso como una ley ordinaria, entraría a debatirse en la Comisión VI del Senado o Cámara, dependiendo de dónde se radique. Para aprobarse se requieren cuatro debates: dos en comisiones y dos en plenarias, los cuales tienen plazo de realizarse en dos legislaturas.