Georgia: ¿cuándo entra en vigor la ley contra indocumentados?

Georgia se ha sumado a los estados que están aprobando leyes con la intención de frenar la inmigración ilegal. Esta semana, el gobernador aprobó una política a través de la cual las autoridades del estado estarán obligadas a revisar el estatus de los inmigrantes.

El gobernador Brian Kemp ha aprobado una ley conocida como HB1105, de acuerdo a la cual ahora las cárceles de Georgia deberán revisar el estatus migratorio de los internos, lo que, en opinión de los opositores a esta medida, convertirá a los policías locales en policía migratoria.

Asimismo, el riesgo de esta legislación, que entró en vigor de inmediato, es que se cree que ahora los migrantes estarán menos dispuestos a reportar delitos y colaborar con las autoridades, según fuentes consultadas por AP.

Cabe decir que anteriormente en Georgia los agentes en prisión podían comunicarse con el Servicio de Control e Inmigración de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), de manera voluntaria, para conocer el estatus migratorio de los presos. Pero ahora, si no lo hacen, serán acusados de un delito.

Con la intención de garantizar que la medida entre en vigor en todo el estado, se contempla dejar de enviar financiación estatal a los gobiernos locales que no cooperen.

La razón detrás del impulso de esta medida, de acuerdo con el propio gobernador, es la muerte de una estudiante de enfermería en el campus de la Universidad de Georgia que, se presume, fue asesinada a manos de un migrante venezolano llamado José Ibarra, quien fue arrestado.

También se verán afectadas las fianzas en Georgia

Además de la medida anterior, el gobernador republicano aprobó una ley que exigirá fianzas en efectivo para alrededor de treinta delitos. No solo eso, sino que también impedirá que personas y fondos de beneficencia puedan pagar la fianza de más de tres personas al año, a menos que cumplan con ciertos requisitos. Esta política entrará en vigor el próximo 1 de julio.

Asimismo, está impulsando el proyecto de ley SB63, de acuerdo al cual se tendrán que pagar en efectivo todas las fianzas. Los opositores a esta medida señalan que eso únicamente afectará a los acusados de menores recursos que por sus delitos no deberían ir a prisión, pero terminarán encerrados, agravando el hacinamiento en las prisiones del estado.