Expertos advierten que la reforma pensional aprobada por el Congreso sería insostenible fiscalmente

Luego de que el Congreso de la República aprobó la reforma pensional del gobierno del presidente Gustavo Petro se han multiplicado las voces de expertos que advierten que esta iniciativa es insostenible fiscalmente. 

De hecho, según el presidente de Asofondos, Santiago Montenegro, la ministra del Trabajo, Gloria Inés Ramírez, habría aceptado que esta reforma es insostenible, pues aseguró que habría que hacer otra dentro de 12 o 15 años. 

El líder gremial también advierte que la reforma incrementa el costo fiscal y el pasivo pensional en cifras muy elevadas. Cálculos de Asofondos indican que subiría desde un 150 por ciento a un 205 por ciento del producto interno bruto (PIB).

Entre tanto, para el exministro de Hacienda y rector de la Universidad EIA, José Manuel Restrepo, su implementación costaría cerca de 54 billones de pesos adicionales cada año, por lo que en un futuro sería necesario aumentar los costos de las cotizaciones o hacer nuevas reformas tributarias o pensionales.

El director ejecutivo de Fedesarrollo, Luis Fernando Mejía, también coincide en que serán indispensables reformas paramétricas en los próximos años para garantizar la sostenibilidad del sistema pensional porque, en sus condiciones actuales, la reforma aumentaría el pasivo público del sistema en 63 por ciento del PIB.

El Comité Autónomo de la Regla Fiscal (Carf), organismo de carácter independiente adscrito al Ministerio de Hacienda, también hizo un análisis técnico del impacto fiscal de cada uno de los pilares de la reforma pensional.

En el pilar solidario estarían todos los adultos mayores que se encuentran en condición de pobreza extrema, pobreza o vulnerabilidad (unos 2,5 millones de personas), quienes recibirían una renta de 223.000 pesos en el 2024, y que sería ampliada cada año por la inflación.

El Carf calcula que el impacto fiscal de este pilar sería de alrededor del 0,3 por ciento del PIB, lo que representa unos 4,8 billones de pesos por año. Además, como la asignación sería constante en el tiempo, dice que solo en los primeros 10 años se habría acumulado un gasto del 3 por ciento del PIB.

El segundo pilar es el semicontributivo, que estaría integrado por las personas que, a los 65 años de edad en el caso de los hombres y a los 60 años en el de las mujeres, hayan contribuido al sistema entre 300 y 1.000 semanas, pero no alcanzaron los requisitos para pensionarse.

Según el Carf, se calcula que este gasto sea de 0,2 por ciento del PIB en el 2025 y luego aumente hasta 0,3 por ciento del PIB a partir del 2036. Finalmente, se ubicaría en 0,6 por ciento del PIB en el año 2100. El valor presente neto de este gasto, con una tasa de descuento del 3 por ciento real anual, es de 35,6 por ciento del PIB.

Por su parte, el pilar contributivo, en su componente de prima media, recibiría las cotizaciones de todos los trabajadores de entre uno y 2,3 salarios mínimos que irían a Colpensiones.

Mientras que el de ahorro individual estaría integrado por las personas que ganen más de este umbral y tendrían que seleccionar en qué administradora de fondo de pensiones (Porvenir, Protección, Colfondos y Skandia) tendrían esos recursos.

El primero se financiaría con los recursos del Fondo Común de Vejez y el Fondo de Ahorro del Pilar Contributivo que se crearía tras la aprobación de la reforma pensional; el segundo, con el monto del ahorro individual y sus respectivos rendimientos financieros.

Sin embargo, la pensión final que le quede a la persona sería una sola que pagaría Colpensiones y correspondería a la suma de los valores determinados en los dos componentes.

El Carf dice que las necesidades de Colpensiones para el pago de mesadas y devoluciones aumentarían del 3 por ciento del PIB en 2025 al 4,9 por ciento del PIB en 2065. Esto se explica porque la entidad pública pasaría a responder por los primeros 2,3 salarios mínimos de todas las pensiones.

Debido a las mayores necesidades, y en vista de que los ingresos a Colpensiones se mantienen relativamente constantes, el Carf dice que una vez se agote el Fondo de Ahorro, la Nación le deberá hacer una transferencia anual mayor en alrededor de 2,5 por ciento del PIB a Colpensiones (pasaría de 1,3 por ciento del PIB en 2025 a 3,8 por ciento del PIB en 2063).

En total, dice que la reforma pensional representa un aumento del valor presente neto (VPN) de los flujos del pilar contributivo a 2100 de alrededor del 62,3 por ciento del PIB.

Para el Ministerio de Hacienda, la implementación de la reforma pensional tendrá un costo diferente. Sus cálculos indican que sería de 121,13 por ciento del PIB entre el 2025 y el 2100. Además, asegura que hasta 2067 el único impacto fiscal de la reforma provendría del esfuerzo adicional asociado al pilar solidario.

A partir de allí, según el ministerio, con el agotamiento del Fondo de Ahorro del Pilar Contributivo bajo el supuesto extremo de que no se realiza en el futuro ninguna reforma paramétrica, el impacto fiscal se vuelve súbitamente mayor como resultado de la necesidad de cumplir con las obligaciones pensionales a partir de aquel año.

En el aval fiscal que entregó al Congreso de la República, el Ministerio de Hacienda también detalló que el impacto fiscal ocasionado por el pilar solidario en el corto plazo puede financiarse con las proyecciones de ingresos tributarios de la Nación.

"La implementación de la propuesta de reforma implicaría un impacto fiscal neto que se acoge a las posibilidades financieras de la Nación en el marco de las restricciones fiscales actuales y proyectadas", agregó.