Ellos no regresaron a sus casas: más de 8.300 desaparecidos en el Valle en una década

En dos años se registraron en el Valle del Cauca más de 35 secuestros. El promedio anual en una década es de 11 plagios.

En la región se contabilizaron 28 secuestros desde enero de 2022 hasta el 30 de abril de 2023 con más de 34 capturas, según datos de la Policía Nacional. En 2022 hubo 18 secuestros en el departamento.

La secretaría de Convivencia y Seguridad Ciudadana del Valle activó una ruta de atención para atender estos casos. Para activar la ruta no hay que esperar 24, 48 o 72 horas para hacer la denuncia. Se puede comunicar con la Fiscalía General de la Nación, al 01 8000 9197 48 o a través de la línea 122.

EL TIEMPO se solidariza con una de las víctimas y sus familias registrando algunos de los casos que han tomado años sin conocer el paradero de ciudadanos, ya sea por desaparición forzada o por secuestro.

El corazón de María Elena Gallego Ríos late fuerte en su pecho cada vez que esta ferviente madre, que busca a su hija desaparecida desde hace 13 años, piensa en ella como su milagro de vida.

Y aunque ha sufrido varias pérdidas y las ha plasmado en escritos y mensajes, su corazón desquebrajado por la tristeza trata de mantener la esperanza por su milagro, por Sandra Viviana Cuéllar que le devolvió ese deseo de ser mamá, luego de que su primera bebé murió el mismo día del parto. Por eso, la mujer, que ha mostrado fortaleza en esta década, ha venido participando con ahínco en carnavales por la vida por Sandra con organizaciones defensoras de derechos humanos, cada año en el día de la desaparición.

La señora no ha dejado de preguntar por qué y quiénes le arrebataron a Sandra Viviana, aquel 17 de febrero de 2011, cuando era una joven de 26 años y una ingeniera ambiental de la Universidad Nacional, de Palmira.

Fue ese viernes 17 de febrero, de hace 12 años que la amante de la danza, de los ríos y de la docencia, desapareció cuando se iba a encontrar con un profesor de su universidad.

Lo último que María Elena y José Dúmar Cuéllar, el padre, supieron de la ambientalista era que iba a tomar un bus, después de las 10:00 de la mañana, en la vía de Cali a Palmira. Esta es la zona del Paso del Comercio, recordada por el estallido social.

En ese sitio es como si la tierra se hubiera tragado a Sandra. Casi doce años después, las autoridades no reportan qué le sucedió.

El corazón de madre de María Elena Gallego empezó a acelerarse más cuando al día siguiente de la desaparición, el sábado 18 de febrero de 2011, les avisaron que habían encontrado el bolso con el teléfono celular de su hija y las demás pertenencias. No faltaba nada. Pero de ella no había rastro. Entonces, no hubo un robo, fue algo más. Y la preocupación fue mayor en el corazón de la mujer y de su esposo que han sacado adelante a su familia, a punta de un granero o tienda en el humilde barrio Sucre, en el centro caleño, buscando no desmoronarse aún más.

La señora Gallego Ríos también ha escrito más palabras, aquellas que ha repetido en esos carnavales de la vida anuales, pensando en que Sandra, desde algún lugar pueda darse cuenta del amor de su familia, de sus papás, de su hermano y de sus amigos que han sumado esfuerzos para unirse a esas manifestaciones que buscan hacer visibles a los desaparecidos en el Valle del Cauca.

Escribió una en 2019 ante la Comisión de la Verdad. "Tuve otra hija por la cual luché y traté de darle estudio en lo que más le gustaba: ser ingeniera ambiental (...) Hablo de Sandra Viviana Cuéllar Gallego (...) Desde ese entonces, mi familia se desintegró y me he puesto en la tarea de indagar por ella. Ir acá, ir allá, ir a talleres a aprender cómo buscar a mi hija (...)".

La última fue el 24 de octubre pasado por el cumpleaños 39 de Sandra. “¿Quién iba a pensar que tú mi pequeña niña fueras a ser una persona (...) que solo pensaba en ayudar a las más vulnerables”.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) otorgó medidas cautelares, el 22 de junio de 2011 por la desaparición forzada de Sandra Cuéllar. Una de esas medidas cubrió al docente Hildebrando Vélez, quien fue mentor de Sandra Viviana, pues también empezó a buscar respuestas, pero en ese anhelo desesperado llegaron amenazas de muerte y hostigamientos.

Por las hendiduras entre las tablas de madera de sus rústicas casas se cuela el llanto de familias awá que en su lengua significa los hijos de la montaña o la gente de la selva, en Nariño.

A cuatro de ellas, en la región de 11 cabildos indígenas de Ricaurte y de Barbacoas, les arrancaron su alma, cuando unas sombras irrumpieron en sus hogares o salieron armadas con fusiles y metrallas por los caminos de trocha, llevándose a sus seres amados.

Llevan dos décadas de derramamientos de lágrimas y sangre por toda una población awá acosada por la guerra en esta zona de 340.000 hectáreas de bosques. Los actores armados han cambiado de nombre, pero el horror por las desapariciones, reclutamientos de menores y asesinatos se mantienen. No importa si ya hoy no están las Farc, luego de los acuerdos en La Habana. Hay disidencias de esta guerrilla con paramilitares, el Eln y otros grupos de narcotraficantes, cuyos pelotones están armados hasta los dientes.

Estas son las tragedias de cuatro familias que están latentes por las desapariciones en cinco años por parte de las Farc, entre 2002 y 2006 de Cristina Yamilé Urbano, Efrén Pascal, Herminsul Pascuala y Hernando García. El dolor, la espera y la zozobra son las mismas y se volvieron perennes.

Allí, Marina Urbano no ha dejado de recorrer la zona de donde tuvo que salir huyendo hace 22 años en el resguardo Magüí, del cabildo Vegas, desde que su hija Cristina Yamilé desapareció cuando iba a su escuela a estudiar en las primeras horas de aquel 5 de enero de 2002.

Su familia y ella lloran con tanta fuerza al recordar que si hoy cruzara la puerta de su actual vivienda, también en Nariño, verían no a la niña de 13 años que crecía con sus otros tres hermanos y sus padres cuando les fue arrebatada. Se encontrarían a una mujer, de 33 años, a quien guerrilleros de las Farc se la llevaron, al parecer, para reclutarla en sus filas.

Aunque a las puertas de la humilde casa de Marina Urbano han llegado a lo largo de estos 20 años versiones de que Cristina ya no volvería porque habría sido asesinada, la familia no ha tenido nunca confirmación sobre la existencia de un cuerpo enterrado en algún lugar.

En esa época del 2002, cuando ocurrió esta desaparición, Ricaurte -que hoy completa 18.000 awá entre más de 20.000 de habitantes en todo el municipio en el borde entre Colombia y Ecuador-, se agitó por más de 30 víctimas que perdieron extremidades al pisar minas antipersona, así como por más de 500 homicidios entre esa localiad y Tumaco, otro de los municipios nariñenses afectados.

A su vez, en la Unidad Indígena del Pueblo Awá (Unipa) contabilizan más de 150 desaparecidos a manos de las Farc, entre 1990 y 2006, en este rincón del país. Sin embargo, también señalan que el Ejército habría cometido presuntos abusos y violaciones de derechos humanos en la zona. No obstante, en las Fuerza Militares han venido negando tales acciones.

Las desapariciones continuaron. Dos años después, en la madrugada del 24 de octubre de 2004, hombres de la entonces guerrilla de las Farc, pertenecientes al ‘Frente 29’, violentaron la entrada de la vivienda del entonces gobernador awá del resguardo Kuambí Yalasbí, Efrén Pascal Nastacuás, en el también cabildo Vegas.

Ese domingo lo sacaron por la fuerza y a su esposa para llevarlos a una zona mucho más empinada entre las montañas que colindan con su morada, también en tierras de Ricaurte, donde se concentra la mayor cantidad de indígenas awá de Nariño. Unas horas después, la cónyuge de Pascal fue liberada, pero su pareja no corrió igual suerte.

Cuentan en la Unipa, que Pascal Nastacuás siempre veló por la defensa de los territorios de sus comunidades ante los grupos armados. Buscaba que todos los suyos fueran escuchados, insistiendo en que la tierra es sagrada para ellos.

Efrén, con alrededor de 30 años cuando se lo llevaron, era quien mantenía unida a la población de Kuambí Yalasbí. A él le consultaban desde cómo lograr más animales de campo en las parcelas, cómo sembrar papa, plátano o café, o cómo y dónde serían los encuentros comunitarios para celebraciones y toma de decisiones. Era la voz de los awá en esta zona, donde la angustia creció cuando al resguardo llegó la versión de su asesinato.

Pero, en la actualidad solo queda el silencio, sin que cesen los sonidos de balas y el estallido de minas, sumando violaciones, desplazamientos masivos y las desapariciones que acorralan más y más a los awá, como ocurrió entre esos años de 2002 a 2006.

Fue en ese 2006 que el también líder awá Herminsul Pascuala y el gobernador indígena de Alto Nununaldi, en Barbacoas, Hernando García, también desaparecieron.

Era el 9 de marzo de ese año, cuando una lluvia de disparos cayó sobre la comunidad de la zona rural de Alto Nununaldi por un enfrentamiento que se desató entre miembros del ‘Frente 29’ de las Farc y el Ejército. Desde entonces nadie volvió a ver Pascuala.

Un mes después, el gobernador awá de Alto Nununaldi fue secuestrado, sin que tampoco se sepa aún su paradero. Así mismo, desapareció el exgobernador Manuel Arturo García, del resguardo Pialapi Pueblo Viejo, el 27 de abril de 2006, pero se confirmó su asesinato.

Quince días después de la desaparición de Paula Nicol Narváez, una testigo elaboró el retrato hablado del hombre que llevaba en sus brazos a la niña que en ese entonces tenía 5 años cuando fue víctima de una desaparición forzada agravada. Se trataba del condenado José Germán Paguatian. Paga una pena de 42 años y 6 meses de cárcel porque fue señalado como la persona que se llevó a la pequeña en una camioneta de color rojo, con rumbo a la vía Panamericana.

Ese 28 de diciembre de 2014, una mujer le habría hecho señas a Paguatian para que tomara a Paula Nicol y la metiera en el vehículo. Otra camioneta estuvo merodeando por la zona. Ella fue uno de los seis cómplices que el condenado habría revelado en declaraciones a la justicia hace cinco años.

Eran Jesús Fernando López Bolaños, quien conducía la camioneta roja, y Luis Antonio López Ojeda también fueron condenados. En el proceso judicial, fueron vinculados, además, Blanca Digna López López, la mujer que aguardaba a la niña afuera del colegio, y Erwin David Quintero Martínez, un mototaxista que habría estado atento para avisar que no había problemas en el rapto. La novia de Paguatian también fue vinculada al proceso, en el cual, los condenados manifestaron que la niña fue entregada a una banda delincuencial en la vía Panamericana.

Quienes conocen a Alexánder Domínguez saben que le gustan los juegos de mesa. El dominó es uno de ellos. Su familia aún lo espera desde hace casi tres años en el corregimiento Palmaseca, en Palmira.

Allí, su esposa, Yenni Becerra; su hermano Édison Domínguez y demás allegados se preguntan qué sucedió con él, quién se lo llevó y por qué sigue desaparecido.

El hecho ocurrió el 16 de julio, cuando el funcionario de Vallecaucana de Aguas había llegado en su moto al corregimiento Villacolombia, en Jamundí, para hacer un trabajo de asistencia técnica de la empresa que presta servicio de acueducto, alcantarillado y aseo. Lleva dos años en la entidad.

Sin embargo, primeras versiones que las autoridades investigan dan cuenta de que el secuestro habría sido cometido por algún grupo delincuencial al servicio de bandas criminales en la zona, que están aliadas con disidentes.

En la zona rural de Jamundí y en esa zona especial de Villacolombia hay presencia de hombres de la disidencia 'Jaime Martínez'.

"Pido a las personas que lo tienen que por favor se pongan la mano en el corazón y le den su libertad. Mi esposo es cabeza de familia. Tiene una madre que lo espera y toda su familia y amigos”, dijo la esposa del funcionario.

“A Alexánder lo conozco hace muchos años es una persona muy querida aquí en el corregimiento, pedimos que le respeten la vida y que llegue al seno de su hogar”, expresó su amigo Norley Escobar.