El nuevo choque entre la JEP y los ex-Farc, ¿qué está pasando?

Una serie de cuestionamientos por parte de exmiembros del antiguo secretariado de las Farc contra la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), tribunal encargado de imponer sanciones por los graves crímenes cometidos por la guerrilla durante el conflicto armado, generaron un nuevo choque entre la justicia especial y los excombatientes. Desde febrero, los ex-Farc hablan de supuestos incumplimientos por parte del tribunal de paz e incluso sostienen que el tribunal se está apartado del sentido con el que fue creado.

Sin embargo, el más reciente choque dio inicio este martes cuando el senador Julián Gallo, del partido Comunes, cuestionó a la JEP en rueda de prensa y por su cuenta de X por, entre otros temas, el número de amnistías jurídicas que ha otorgado el tribunal a exintegrantes de las extintas Farc.

‘Carlos Antonio Lozada’, como era conocido cuando hacía parte de la guerrilla, dio a conocer la respuesta a un derecho de petición firmado por Harvey Danilo Suárez, secretario ejecutivo del tribunal, en el que se concluye que con corte al 20 de marzo de 2024 se han concedido 701 indultos de los 4.622 solicitados.

“Porque una JEP para la paz, cuyas fuentes doctrinales, además del derecho interno, se ubican en el DIH, recoge, y así está contenido en los textos del acuerdo, la obligación de los estados una vez firmado el fin de las hostilidades es conseguir la más alta amnistía posible”, dijo.

En ese sentido, señaló que no están pidiendo amnistías por los delitos de lesa humanidad, pero sí por los otros crímenes de menor gravedad. “¿Por qué las han negado? Esa es la pregunta que le hacemos a la JEP”, agregó Gallo.

Gallo también cuestionó que la Sección de Revisión del Tribunal para la Paz no haya tomado decisiones en materia de sustitución penal para aquellos exintegrantes de ese grupo guerrillero que hoy tienen procesos en la justicia ordinaria.

“Lo que estamos reclamando es que se pongan la toga de la paz y no que sigan tomando decisiones con base en el odio y la estigmatización”, señaló luego de criticar que de 18 solicitudes de renuncia a la persecución solicitadas a la Sala de Definición de Situaciones no se haya aprobado ninguna.

“Las extintas Farc-EP no firmamos un sometimiento a la justicia, sino un acuerdo político de paz. Hemos insistido en que la JEP comprenda el carácter del Acuerdo Final y no asuma funciones que no le corresponden. No hemos ignorado ninguna citación de la JEP y rechazamos la idea de que desconocemos los derechos de las víctimas; al contrario, estamos comprometidos con ellos”, agregó el senador de Comunes.

Este es el segundo cuestionamiento al tribunal por parte de antiguos miembros del secretariado en menos de una semana. Este lunes, en una carta firmada por Rodrigo Londoño, Pablo Catatumbo, Pastor Alape, Jaime Parra, Milton de Jesús Toncel, Rodrigo Granda y Julián Gallo, rechazó la decisión de la Sección de Reconocimiento de Responsabilidad de la JEP de no asumir el caso de Granda por el crimen de Cecilia Cubas, hija del expresidente de Paraguay, Raúl Cubas.

“(...) La entidad no tiene jurisdicción para administrar justicia en los hechos ocurridos el 21 de septiembre de 2004 en Paraguay, cuando habría sido secuestrada y asesinada Cecilia Cubas, hija del expresidente de ese país Raúl Cubas", indicó la justicia especial en un comunicado de prensa.

Hay que recordar que en octubre de 2021, los abogados de Granda, el llamado canciller de las Farc, le pidió a la JEP que el caso que se lleva en Paraguay en su contra por el secuestro y posterior asesinato de Cubas pasará a la justicia transicional.

En su momento, Granda aludió que debían acumularse todos sus procesos, incluido el de Paraguay, y que eran las víctimas quienes debían “venir a Colombia, ante la JEP, que es la responsable de sancionar las conductas que hemos tenido”; esto por la circular roja que emitió Interpol a solicitud de las autoridades paraguayas para ejecutar su captura a nivel internacional.

Cecilia María Cubas fue secuestrada por un comando guerrillero en septiembre de 2004, grupo que se cree fue instruido por Granda. Su cuerpo fue encontrado en febrero de 2005, en alto grado de descomposición. Un crimen que generó una ola de rechazo a nivel internacional.

“La decisión de esta instancia de la JEP es una vulneración directa al Acuerdo de Paz, pues tergiversa lo pactado y atenta directamente contra la seguridad jurídica de toda la población firmante de Paz, al excluir de su conocimiento conductas cometidas por causa, con ocasión o en relación directa o indirecta con el conflicto armado”, se lee en el comunicado de este lunes.

Estos cuestionamientos se suman a los realizados en febrero de este año cuando, en una carta dirigida directamente al presidente Gustavo Petro, los antiguos líderes de las extintas Farc advirtieron sus diferencias con la JEP ante supuestos incumplimientos a lo acordado en La Habana.

En aquel momento los firmantes amenazaron con apartarse de las determinaciones del tribunal, lo que suscitó la respuesta por parte de la jurisdicción, que advirtió que quienes se aparten de las decisiones “perderán beneficios”.

Los actuales comparecientes criticaron la posibilidad de que, ante la apertura de múltiples macro-casos, se terminen dictando múltiples resoluciones cuando, dijeron en aquel momento, "la ley estatutaria de la JEP es clara al señalar que debe haber una resolución única de conclusiones". Estos señalaron que dicha situación puede vulnerar la seguridad jurídica de los comparecientes y generar demoras que juegan en contra de los procesos ante el límite temporal del tribunal.

La respuesta de Roberto Vidal López, presidente de la JEP, a estas declaraciones fue tajante. Indicó que no les corresponde a los excombatientes “emitir órdenes ni orientaciones acerca de la manera como la magistratura debe cumplir con su mandato constitucional” y que el “propósito principal de esta jurisdicción transicional es el esclarecimiento de la verdad y la garantía de los derechos de las víctimas”

“La imputación de los crímenes bajo el derecho internacional a los máximos responsables es una obligación constitucional y legal que este tribunal está desarrollando y seguirá cumpliendo con el mayor rigor y transparencia", agregó Vidal López.

Además, señaló que los comparecientes que se aparten de las decisiones de la JEP e incumplan "de manera grave sus compromisos" están sujetos "a la pérdida de los beneficios y a la reactivación de las investigaciones, los procedimientos y las sanciones penales impuestas por la justicia ordinaria".

REDACCIÓN POLÍTICA