El 72 % del presupuesto público de las pensiones se va a los regímenes especiales

El mayor rubro es para los exceptuados, que son aquellos en los que los trabajadores tienen normas especiales de liquidación. Estos representan el 45 por ciento del déficit pensional, lo que, según cifras del Ministerio de Hacienda, supuso alrededor de 24,7 billones de pesos en el 2023.

Adriana Camacho, profesora de la Universidad del Rosario, explica que con el Acto Legislativo 01 de 2005 estos se limitaron a la Fuerza Pública y a expresidentes. En el primer caso, se mantiene un régimen especial denominado “asignación de retiro” con requisitos autónomos y normas independientes a las de la Ley 100, y no se requiere un número específico de semanas cotizadas, sino años de servicio.

Entre las Fuerzas Militares y la Policía, según las últimas cifras, llegan a 288.044 pensionados y suman un pasivo de más de 12 billones de pesos. De ellos, hay 114.537 en la Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional (Casur), 82.830 en la Caja de Retiro de las Fuerzas Militares (Cremil), 58.280 en el Ministerio de Defensa y 32.397 en la Policía Nacional.

Y del lado del Fondo de Previsión Social del Congreso (Fonprecon) hay 2.312 pensionados que reciben una mesada promedio de 9,3 millones de pesos y su pasivo asciende a 308.000 millones de pesos.

Los maestros tenían antes condiciones especiales, por lo que poco a poco se ha reducido el número de personas pensionadas con este régimen. Según las últimas cifras, el Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio tiene a 236.450 jubilados con una mesada promedio de 2,9 millones de pesos. En total, para estos se van 8,1 billones de pesos del Presupuesto General.

Lo mismo ocurre con Ecopetrol, que implementó el denominado “sistema 70” que consistía en la suma de los años de la persona y el tiempo de servicio en la empresa, de modo que si la suma alcanzaba 70 o más, el trabajador cumplía con el requisito para acceder a la pensión. “Por ejemplo, si alguien tenía 45 años y había trabajado en la empresa desde los 20 años, con 25 años de servicio y 45 años, sumarían 70, cumpliendo así con el requisito para la pensión en Ecopetrol. Este beneficio no aplica a un gran número de personas y está financiado por los recursos que la propia empresa ha fondeado, no dependiendo del presupuesto nacional, sino de las ganancias generadas por la industria petrolera. Al igual que el de los maestros, está destinado a desaparecer con el tiempo”, cuenta Camacho.

En el 2023, el rubro de los regímenes en transición que se están marchitando poco a poco pues ya no hay nadie que pueda entrar en ellos supuso 14,5 billones de pesos, lo que representa el 27 por ciento del total de las pensiones. Este todavía suponen un pasivo que se paga del presupuesto general y no hay certeza de hasta cuándo irá.

Este rubro sirve para pagar las jubilaciones de las personas que están en el Fondo de Pensiones Públicas del Nivel Nacional (Fopep) y el Fondo de Pasivo Social de Ferrocarriles Nacionales de Colombia, entre otros.

En el Fopep están algunos como Cajanal, con 212.803 pensionados; Positiva, con 21.972; los exfuncionarios del ISS, con 17.683; y de Telecom, con 13.845. También hay pensionados de Foncolpuertos (11.772), Caja Agraria (8.988), Adpostal (2.997), el Idema (2.260) y el Incora (1.816).

Igualmente, está el régimen de ferrocarriles que tiene a 11.699 pensionados; el del Ministerio de Educación, con 6.376 personas; el Fondo Nacional del Pasivo Pensional y Prestacional de la Electrificadora del Caribe (Foneca), el DNP, con 2.858; el ICA y el Ministerio de Agricultura, con 2.388 pensionados.

Según le dijo a este medio el Ministerio de Hacienda, se espera que el impacto fiscal de las pensiones de los regímenes que se están marchitando sea significativo de aquí a los próximos 50 años, pues hasta entonces estará vivo un número considerable de estos pensionados.

No obstante, dicen que estos seguirán vigentes hasta el fallecimiento del último pensionado o beneficiario sobreviviente, lo cual puede llegar a tomar cerca de 70 años adicionales, en razón a que algunos de estos tienen en este momento alrededor de 40 años de edad y según las tablas de mortalidad de rentistas de hombres y mujeres expedida por la Superintendencia Financiera, existe la expectativa de que algunos de ellos sobrevivan hasta los 110 años de edad.

Pese al hueco que suponen año a año, la ministra de Trabajo, Gloria Inés Ramírez, aseguró en medio del debate de la reforma pensional –la cual ya pasó en el Senado y le faltan dos debates más en la Cámara de Representantes– que estos regímenes no se van a tocar.

Diferentes expertos piensan que lo idóneo sería revisarlos. No obstante, aseguran que es una tarea complicada. Mauricio Olivera, expresidente de Colpensiones, afirmó que es necesario mirar el de las Fuerzas Militares y Policía. Sin embargo, confiesa que es una cuestión “políticamente difícil”.

Por su parte, Kevin Hartmann, investigador de la Universidad de Lovaina en Bélgica, opinó que el gasto que se va a las Fuerzas Militares está justificado y que no existe ningún país en que este grupo no tenga un régimen exceptuado. “Es costoso pero está justificado por el tipo de trabajo que tienen y por el servicio que prestan. Hay algunos académicos que han dicho que habría que meterse por ahí, pero creo que están demasiado enfocados en el costo fiscal y no en la justificación de por qué cuesta lo que cuesta”, opinó.

Luis Fernando Mejía, director de Fedesarrollo, asegura que el único elemento que parece relevante en el corto plazo es volver a discutir la posibilidad de que los ingresos pensionales se consideren renta líquida gravable para permitir que solo las pensiones altas puedan ser sujetas a una tributación progresiva.