Denuncian la detención de Rocío San Miguel, defensora de derechos humanos en Venezuela

Según las denuncias en la red social X, San Miguel fue detenida en el aeropuerto internacional de Maiquetía -que sirve a Caracas-, donde tenía previsto tomar un vuelo junto con su hija.

La ONG Justicia, Encuentro y Perdón (JEP) rechazó "enérgicamente" la detención de la presidenta de Control Ciudadano, una "destacada experta en temas de seguridad y defensa" que "debe ser liberada inmediatamente".

"Allegados a la activista denuncian que desconocen su paradero tras más de 24 horas de ocurrida la detención. Recordamos que defender derechos humanos y ejercer la libre expresión y el derecho a la información no son delitos y están consagrados en la Constitución y en convenios internacionales", expresó JEP en X.

En esta red social, la ONG Provea exigió también su "inmediata libertad" y denunció que "este nuevo abuso forma parte de la penosa práctica de persecución contra quienes defienden y ejercen derechos".

En este sentido, aseguró que San Miguel "ha sido víctima de acoso, persecución y discriminación por parte del Estado venezolano", y que su detención "constituye un hecho muy grave que pone en evidencia el progresivo cierre del espacio cívico y el empeño de quienes gobiernan por reprimir a las voces críticas".

A juicio del Centro de Justicia y Paz (Cepaz), esta detención "se enmarca dentro de la aplicación del patrón de criminalización, ataques y amenazas contra defensores de DD. HH. y la sociedad civil en general", que "se exacerba en los contextos electorales", en referencia a las presidenciales de este año.

Amnistía Internacional por su parte pidió su "libertad inmediata e incondicional".

Este hecho ocurre casi tres semanas después de que el fiscal general, Tarek William Saab, informara de la detención de más de una treintena de personas por estar supuestamente involucradas en planes conspirativos, y de que las autoridades aprehendieran a tres colaboradores de la candidata presidencial de la principal coalición opositora, María Corina Machado, acusados de ser parte de una conspiración.

El pasado diciembre, más de 60 ONG pidieron a la ONU monitorear la "situación de libertades democráticas y derechos humanos" en el país y "pronunciarse oportunamente" sobre este asunto ante los venideros períodos electorales, entre ellos el de las presidenciales, para cuando prevén un aumento de la "represión y persecución".

La fiscalía venezolana aún no se ha pronunciado sobre el caso.

La retención de San Miguel ocurre en un contexto del anuncio del gobierno venezolano de haber neutralizado cinco "conspiraciones" de magnicidio, en las que la justicia venezolana señala a militares, periodistas y activistas.

Una de ellas, denominada "Brazalete blanco", en la que supuestamente está involucrada San Miguel, consistía en el ataque de una base militar en Táchira, en la frontera con Colombia, para tomar armas y asesinar a dirigentes del chavismo.

Maduro, que debe buscar la reelección este año, denuncia con frecuencia planes para derrocarlo y asesinarlo. 

San Miguel ganó un caso contra Venezuela en 2018 ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) por la violación de derechos políticos y de expresión, tras su despido de un ente público por apoyar en 2003 el llamado a un referendo revocatorio en contra del entonces presidente Hugo Chávez (1999-2013).

Según la ONG Foro Penal, Venezuela suma 261 "presos políticos", entre ellos 18 mujeres y 146 militares.

El gobierno y la oposición firmaron en octubre pasado un acuerdo político de cara a las presidenciales, que llevó a liberar a 10 estadounidenses y otros 24 venezolanos que estaban presos en Venezuela por motivos políticos, a cambio de Alex Saab, señalado de ser testaferro de Maduro y quien se encontraba detenido en Estados Unidos bajo acusaciones de lavado de dinero.

A través de X, la candidata de la principal coalición opositora a las presidenciales de este año, María Corina Machado, denunció que la "arremetida represiva del régimen de Maduro continúa" con la detención de San Miguel, por lo que pidió "solidaridad nacional e internacional con ella y con todos los presos y perseguidos políticos" en el país suramericano.

El dos veces candidato presidencial Henrique Capriles condenó la detención y aseguró que, "una vez más, desde el poder sigue la dinámica del terror, la persecución, criminalización y arbitrariedades para neutralizar a quienes piensan distinto".

"Esta acción es una nueva violación a la Constitución, al debido proceso, a los derechos humanos y la integridad. No hay justificación alguna para desaparecer a alguien y mantenerlo incomunicado sin acceso a sus abogados", dijo en X el también exgobernador.

La exdiputada Delsa Solórzano denunció que se trata de una "desaparición forzada", algo que "ocurre con frecuencia en Venezuela" y "constituye una grave violación al debido proceso, al derecho a la defensa" y "a los DD.HH.".

"Exigimos respuesta y atención inmediata del caso a los organismos internacionales de protección y defensa de los DD.HH. que se encuentran en Venezuela. ¡Ya basta de silencio!", expresó.