Compras de la reforma agraria van en 6,7 % de la meta, principal reto de la nueva ministra de Agricultura, Martha Carvajalino

El principal reto de la recién nombrada nueva ministra de Agricultura, Martha Carvajalino, en reemplazo de Jhenifer Mojica será acelerar la reforma agraria para llegar a las 600.000 hectáreas compradas este año. 

Y es que a pesar de ser una de las grandes apuestas de este Gobierno, la reforma va a paso lento y solo se han comprado de manera voluntaria alrededor de 100.768 hectáreas, lo que representa el 6,7 por ciento del total de las 1,5 millones que se esperan adquirir en este Gobierno. 

A este ritmo, el propio presidente Gustavo Petro confesó hace un par de meses que tardarían 40 años en cumplir con lo acordado en el Acuerdo de Paz alcanzado con la extinta guerrilla de las Farc en 2016 y que llega a los 3 millones de hectáreas.

Respecto a la titulación, según cifras de la Agencia Nacional de Tierras (ANT), se han formalizado 1’130.101 hectáreas, lo que supone un 16 por ciento del total de la meta fijada en el Acuerdo, que llega a 7 millones.

Hay 159.553 hectáreas viables

Si bien las personas han ofertado millones de hectáreas (hasta el año pasado eran 1,6 millones), en este momento solo son viables para compra 159.553. La mayor parte proviene de los afiliados a Fedegán, gremio de los ganaderos con el que el presidente Gustavo Petro firmó un acuerdo de compra directa.

El resto se dan a través de organizaciones sociales como la Autoridad Nacional Afrocolombiana (Anafro) y la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos (Anuc), entidades del Estado como la SAE y el Fondo de Reparación de Víctimas, o a través de la línea de atención directa vía WhatsApp.

De ese total, el Gobierno ha repartido tierra a las comunidades étnicas. Por ejemplo, en Casanare, en Putumayo, en Huila y en Risaralda. Y a campesinos de diferentes departamentos del país. Algunas de ellas están en Antioquia, Sucre, Caquetá, Bolívar y Norte de Santander, entre otros departamentos.

Razones del rezago

Son varias las razones que explican el rezago del Gobierno en uno de sus proyectos bandera. Incluso, esa tardanza fue la que propició la sombra de la expropiación hace unos meses.

Uno de ellos es que se encontraron que, en muchos casos, lo ofertado no estaba realmente en los terrenos más productivos. En este sentido, se priorizaron una serie de núcleos como el sur del Caribe, el Meta, el Tolima o Huila, entre otros.

Igualmente, las tierras que ofertaban no pasaban finalmente los controles de viabilidad técnica y jurídica necesarios. Además, encontraron problemas de avalúo y de organización de equipos.

“Hay descartes porque no hay información de polígonos o porque están reclamadas en restitución de tierras. Además, hay otras que no podemos comprar porque no son productivas o porque están en zonas de desastre y son inundables”, señaló hace unos meses la ministra saliente Jhenifer Mojica.

Además, según explicó, la Agencia Nacional de Tierras (ANT) venía de un proceso de estancamiento, no tenía presencia territorial, estaba reducida en su presupuesto y capacidad de acción. También dijo que tiene que ver con las Oficinas de Registro de Instrumentos Públicos, con el Instituto Geográfico Agustín Codazzi (Igac) y con el catastro multipropósito.

Además, según explicó, la Agencia Nacional de Tierras (ANT) venía de un proceso de estancamiento, no tenía presencia territorial, estaba reducida en su presupuesto y capacidad de acción. También dijo que tiene que ver con las Oficinas de Registro de Instrumentos Públicos, con el Instituto Geográfico Agustín Codazzi (Igac) y con el catastro multipropósito.

“La ANT compra las tierras y después las tiene que asignar a los beneficiarios, previo un proceso de selección que está normado y que tiene que desarrollarse con distintas instancias, pero además se debe definir cuál es el desarrollo rural que se va a hacer sobre la tierra. Para esto se requiere una articulación entre la ANT y la ADR y eso hace que las decisiones de pronto no se puedan tomar tan rápido”, explicó.

Respecto a la ejecución, la Procuraduría evidenció que el año pasado se ejecutaron unos 401.000 millones de pesos para la reforma agraria, lo que representa el 33 por ciento de los recursos asignados para esa vigencia y que llegaban a más de 1,2 billones de pesos.

Lío de cifras

Con la salida de la exministra de Agricultura Cecilia López y la llegada de Mojica al cargo, se hicieron evidentes los roces entre esta última y el ya exdirector de la ANT, Gerardo Vega. Estos nunca se pusieron de acuerdo en las cifras de la reforma. En concreto, la controversia fue por los números de la formalización de tierras.

“Hay un monumental desorden en las cifras de tierras de la implementación del Acuerdo de Paz”, confesó Mojica a este medio en julio del año pasado.

Y es que mientras que la ministra contabilizaba por aquellos meses unas 300.000 hectáreas formalizadas, Vega aseguraba que iban 1,2 millones de títulos entregados en el Gobierno de Gustavo Petro.

La diferencia era porque la administración de Vega contabilizaba los títulos que se pidieron en gobiernos anteriores pero que se resolvieron ahora y Mojica no.

“Las administraciones anteriores por década y media se sentaron sobre esos títulos. Los que estaban en el Incora y el Incoder no los entregaron. Nosotros lo estamos haciendo ahora. Se podría decir que estamos poniendo la casa al día”, decía Vega.

La sombra de la corrupción

Adicional a ello, el proceso de reforma agraria también ha tenido denuncias sobre presuntas irregularidades e, incluso, la Procuraduría General de la Nación señaló que están en riesgo 136.911 millones de pesos.

En un informe firmado por el procurador delegado para asuntos ambientales, minero energéticos y agrarios, Gustavo Guerrero, se advierte que desde agosto del 2022 hasta febrero del 2024 -cuando salió del cargo el exdirector de la ANT Gerardo Vega- se presentaron irregularidades en las promesas de compraventa, se compraron terrenos baldíos que no se pueden identificar y hasta predios conformados por humedales, cuerpos de agua y zonas inundables que no son adecuados para la producción agrícola.

Ante ello, el actual director de la ANT, Juan Felipe Harman afirmó que los hechos denunciados obedecen a la gestión de su antecesor y que inmediatamente conocieron el informe reglamentaron los procesos de compra. Además, dijo que ordenó suspender cualquier tipo de pago de esas compras hasta no revisar de manera exhaustiva cada expediente.