Claves de la controversia por giro que el Gobierno le dio a última hora al Presupuesto

Esta situación podría poner en peligro hasta 108 rubros y programas que hasta el momento no cuentan con una asignación específica, como lo publicó el diario Portafolio de esta Casa Editorial. Entre ellos están algunos estratégicos como la primera línea del metro de Bogotá o el metro ligero para Medellín.

Según le dijeron diversas fuentes a este medio, tales documentos sí habrían salido bien desde el Ministerio de Hacienda, pero fueron modificados a última hora en Presidencia. Esta teoría la corrobora que el propio ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, declaró que tal maniobra obedece a una estrategia que les pidió el presidente Gustavo Petro para dar recursos a las obras en función de su nivel de avance, lo que traería como resultado la renegociación de algunas de las vigencias futuras.

“Es un ejercicio de priorización que nos pidió el Presidente para ver en qué van cada una de las obras y que comencemos a ver qué hacemos porque necesitamos el recurso para otras. Esto implica renegociar las vigencias futuras viendo el grado de avance de cada una de ellas. No se trata de ninguna opacidad en el Presupuesto”, declaró Bonilla.

En específico, sobre el metro de Bogotá, Bonilla aseguró que lo que habrá que examinar es si lo que está previsto para este año (alrededor de 776.139 millones de pesos) debería entregarse “dado el nivel de retraso de la obra”. Sin embargo, el alcalde Carlos Fernando Galán afirmó que avanza al 29,53 por ciento. “Tiene un leve retraso frente a lo proyectado, que realmente es muy poco para una obra de tal magnitud, y estamos trabajando para que se resuelva”, dijo.

También el exviceministro de Hacienda Juan Alberto Londoño afirmó que cualquier ciudadano podría demandar el decreto de liquidación ante el Consejo de Estado y pedir su suspensión provisional, con lo que se imposibilitaría ejecutar el Presupuesto.

“Por ejemplo, en materia de transporte no se podrían ejecutar los recursos porque no están identificados en las partidas presupuestales para pagarlos. Si se llegan a necesitar para el puente Pumarejo no se podrían usar”, explicó.

Igualmente, el exministro y actual rector de la Universidad EIA, José Manuel Restrepo, señaló que podría haber riesgo de demandas en algunos proyectos que ya tienen vigencias futuras aprobadas y que con este problema no tendrían la disponibilidad de los recursos. De hecho, el presidente de la Cámara Colombiana de Infraestructura (CCI), Juan Martín Caicedo, aseguró ayer que ya se están empezando a paralizar la ejecución de algunas obras claves. (Ver nota nexa)

“El Estado cometió un error de base. No puede tener libre disposición de recursos. Al contrario, tiene que cumplir con lo que la norma y la Constitución pregonan en el sentido de que es el Congreso el que define las distribuciones de gasto a nivel de detalle”, explicó Restrepo.

Otros también dicen que esta situación pone en duda la transparencia que se les pueda dar a los recursos públicos. “La imposibilidad de conocer su destino específico le da opacidad al proceso de ejecución presupuestal, dificultando así su supervisión, lo que genera riesgos de corrupción”, aseveró Oliver Pardo, director del Observatorio Fiscal de la Universidad Javeriana.

Los expertos consultados aseguran que una solución podría ser sacar un decreto de yerros en el que se reconozca que hubo una equivocación y que se busca corregirla. “El decreto carece de sustento. Resulta increíble que hasta la fecha no lo hayan remediado si ya se ha advertido el riesgo”, alertó el exviceministro Londoño.

Otra de las posibles salidas que se han barajado es la de pasar nuevamente por el Congreso a través de una adición presupuestal. Sin embargo, para el rector de la EIA, el riesgo es que esa discusión sería muy compleja. “No veo tan clara cuál podría ser la solución. Algunos dicen que pasar de nuevo por el Congreso, yo creo que hay un error más de fondo. Como ya se sabe que hay necesidad de disminuir algunos rubros de gasto para lograr cumplir con las metas de déficit fiscal, de pronto ahí podría haber una oportunidad”, opinó.

El presidente de la Cámara Colombiana de la Infraestructura (CCI), Juan Martín Caicedo, aseguró ayer que ve con gran preocupación que en el decreto de liquidación del Presupuesto se omita la desagregación de 12,5 billones de pesos para asegurar los recursos de inversión de los proyectos a cargo del Invías y de la ANI.

“Esta situación está paralizando el funcionamiento de estas entidades y la ejecución de las obras a su cargo. Es la primera vez en la historia del país que tal situación se presenta. La no corrección del problema pone en jaque proyectos estratégicos como la primera línea del metro de Bogotá, la operación del túnel de La Línea e, incluso, la licitación de la doble calzada Pasto- Popayán”, sentenció.

Adicional a ello, señaló que esta situación podría afectar la reactivación económica, la confianza inversionista y la seguridad jurídica.

“También repercutiría en la continuidad y avance de un modelo –el de las asociaciones público privadas (APP)– que, durante los últimos 30 años, han permitido para bien superar un rezago de 100 años en materia de infraestructura de transporte”, aseguró el líder gremial.

Según Caicedo, el no pago de las vigencias futuras se vería reflejado en el hecho de que la financiación de iniciativas estratégicas para la competitividad y conectividad del país podría quedar en vilo. Asimismo, aseguró que estas cumplen un propósito de financiación para garantizar los recursos que suministra el capital privado, por lo que nada tiene que ver el pago de tales vigencias con el ritmo de ejecución de las obras. “De existir atrasos en su ejecución, existen mecanismos contractuales y administrativos idóneos, regulados por la ley para sancionar dicho atraso”, dijo.

El líder gremial declaró que la no expedición del decreto de liquidación ha llevado a que la parálisis ya se sienta en varios programas del Invías, como el mantenimiento rutinario de todas las vías nacionales no concesionadas, lo cual ha dejado sin trabajo a 2.600 microempresarios, cuyos contratos tuvieran que ser suspendidos desde el 31 de enero de este año porque es posible adicionar los contratos.

También fueron suspendidos los procesos licitatorios de microempresas y administradores viales, cuyo monto para el 2024 es de 267.000 millones de pesos porque no es posible la ratificación de las vigencias futuras ya aprobadas.

“El Invías no puede licitar el mantenimiento periódico de todas las carreteras nacionales no concesionadas porque no cuenta con los certificados de disponibilidad presupuestal, requisito indispensable para abrir las licitaciones. Esta situación podría llevar a suspender el tránsito por importantes corredores viales, como el cruce por el túnel de La Línea, cuyo contrato vence en marzo. En este caso, tendría que cerrarse el túnel”, afirmó.

En cuanto a los proyectos en ejecución de programas denominados ‘Legalidad y reactivación’, al no poder el Invías expedir los registros presupuestales del 2024, por 2 billones de pesos, causaría la suspensión de todas las obras por la imposibilidad de su pago, como está ocurriendo con las actas de las intervenciones realizadas en enero de este año. “Lo anterior afecta 57 proyectos declarados de importancia estratégica nacional como la variante San Francisco-Mocoa (Nariño-Putumayo), la vía Popayán-Isnos (Cauca Huila), San José del Guaviare-Calamar, la Transversal del Catatumbo, Conexión Alta Guajira, entre otros proyectos”, dijo.

Adicionalmente, dijo que también está en riesgo el programa ‘Caminos comunitarios para la paz total’. “Los empleos también están en riesgo ya: la no liquidación del Presupuesto impide la contratación de cerca de 1.000 contratistas en la ANI y el Invías”, aseguró.