Cielo Rusinque se estrena en la SIC con 30 investigaciones contra empresas

El pasado 1.º de febrero se dio el relevo en la dirección de la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC). A este cargo llegó Cielo Rusinque, quien, transcurrido el primer mes a cargo de esa entidad, entrega un balance de lo que halló en el proceso de empalme, entre esto, las multas y sanciones que vienen en marzo a empresas que han violado las normas de la competencia o la del consumidor, entre otras. 

La funcionaria dijo, en entrevista con EL TIEMPO, que tiene listas medidas contra empresas de electrodomésticos, celulares, hidrocarburos, contratación publica, de fútbol femenino y lactosuero; plataformas de pagos y puertos. También mencionó la apertura de unas 30 investigaciones en varios sectores de la economía para detectar posibles prácticas anticompetitivas. 

¿Con qué se encontró en su proceso de empalme en la Superindustria? 

Hemos recibido muchas dudas de los funcionarios, los puntos críticos y los principales desafíos de las diferentes delegaturas de cara al plan de acción y a los propósitos del 2024 en medio del plan de austeridad del Gobierno. 

Vemos puntos críticos en materia de personal, algunas áreas con sobrecargas de trabajo, tema que ya estamos analizando para buscar un mayor equilibrio, mirando dónde están los déficits para poder aplicar políticas que nos permitan más eficacia y celeridad a la hora de responder los requerimientos, desatrasar un poco todo lo que viene en materia de propiedad industrial, de patentes y de concesión de marcas, entre muchos otros pendientes. 

Usted llega a la entidad en una coyuntura compleja en temas de protección al consumidor por los cobros exagerados en ciertas regiones del país. ¿Cómo se le podrá fin a esa situación? 

Estamos trabajando en la consolidación de una casa del consumidor

En el caso puntual de Cartagena, si bien es cierto que el mercado permite que un actor genere o determine unos precios, también es cierto que esa actividad deja de ser normal cuando se abusa del consumidor, se le somete al engaño o se le pone en una situación de evidente vulnerabilidad. 

Entonces, allí nosotros hacemos diferentes actividades que van desde tomar medidas preventivas hasta coercitivas cuando se demuestra una responsabilidad dentro del marco de un debido proceso. 

Y, para evitar que esos comportamientos persistan, estamos trabajando en la consolidación de una casa del consumidor que facilite las denuncias de este, que el consumido tenga acceso a una autoridad administrativa que propenda por la defensa de sus derechos. 

Además, estamos desarrollando un plan estratégico de socialización para que se conozcan las competencias de esta superintendencia, que las personas sepan cuándo una conducta deja de estar con la legalidad, cómo pueden denunciar, cómo hacerlo y acompañarlas para que esa violación de sus derechos no se convierta luego en una conducta sistemática. 

Pero en términos de respuesta a las denuncias, ¿cuál es la ganancia para el consumidor? 

Esto lo que permite es una respuesta más rápida y oportuna de responsabilidades, incluso en materia probatoria. Es más fácil comprobar si ese hecho que se está denunciando efectivamente se dio, se convirtió en un abuso, lo cual nos permite, a su vez, actuar en materia de prevención; es un contacto que permite mayor proximidad y celeridad a la hora de asumir estos procesos. 

Hay sanciones ya por esos hechos denunciados... 

Tenemos unas denuncias que han sido formalizadas, estas deben surtir un proceso en el que se escucha a las partes y se verifican los hechos, siempre dentro del marco de unas garantías procesales. Pero también la idea es actuar de manera preventiva, por lo que trabajamos en muchas campañas de sensibilización. 

¿Con qué temas, investigaciones y sanciones grandes tendrá que lidiar?

En materia de competencia hay varios sectores que son determinantes para el mercado en los que estamos trabajando y se han detectado algunas intervenciones que vamos a hacer. 

Pero más allá de esto, que es importante, el mensaje es que acá estamos orientados a la protección, al acompañamiento de la pequeña y la mediana empresa, lo cual no quiere decir que estemos en contra del gran empresariado o de algunos sectores determinados. 

Creo que aquí de lo que se trata, y el ciudadano, los empresarios y los gremios deben tener claro, es que vamos a actuar en condiciones de equidad y de transparencia. Acá el que tiene que temer es el que sabe que está infringiendo la ley, pues se trata de generar equilibrios en el mercados, que son sanos para la economía. 

De esas investigaciones en marcha, ¿qué está listo para sancionar? 

Estamos evaluando algunas garantías en casos sonados para ver si son suficientes

Hay algunas que vienen para los próximos días, cuando habremos consolidado la etapa de pruebas y la procesal para fijar algunas sanciones en algunos casos puntuales. 

De hecho, estamos evaluando algunas garantías en casos sonados para ver si son suficientes, si cumplen con la expectativa en cuanto a la no repetición de ciertas conductas que pueden ser restrictivas de la competencia. 

No tendremos orientación de favorecimiento para ningún sector y, en ese sentido, de nuestra administración solo se puede esperar que obraremos con transparencia, equilibrio y celeridad. 

¿De qué sectores son las sancionadas?

Vienen una serie de medidas, algunas coercitivas y multas. Por ejemplo, en el sector de electrodomésticos, en temas de fútbol femenino con unas garantías que fueron presentadas; también viene un tema en lactosuero, dos casos relacionados con telefonía celular, otra más en hidrocarburos, una decisión relacionada con dos plataformas de pago que presuntamente habrían obstaculizado el ingreso al mercado de otros agregadores implementando prácticas restrictivas a la libre competencia. 

Hay un caso relacionado con puertos en Buenaventura, que se está analizando y frente al cual se mira qué tipo de sanciones se pueden aplicar.

¿Cuál es la estrategia para alinear la SIC con la política de reindustrialización del Gobierno? 

Desde cuando llegamos a la SIC venimos tomando una serie de decisiones, emitido conceptos, ordenado y aprobado algunas integraciones empresariales. 

Hemos detectado para este año más o menos unas 30 investigaciones preliminares en sectores fundamentales o que son trascendentes para el mercado, como el sector de alimentos de primera necesidad, medicamentos, energía, contratación pública, hidrocarburos y comunicaciones, y de esta forma vigilar comportamientos que pueden ser constitutivos de prácticas restrictivas de la competencia que terminen afectando a los consumidores. 

¿Se mantendrán las investigaciones en turismo? 

Sí. Y se están adelantando cerca de 1.280 averiguaciones preliminares contra prestadores de servicios turísticos. Por ejemplo, en ese renglón, hasta el 31 de enero pasado tenemos 74 investigaciones y se han impuesto multas por 1.900 millones de pesos a 194 operadores entre el 1.º de enero del 2022 y el 31 de enero de este año. 

En bares y restaurantes solo en enero del 2024 se presentaron 700 denuncias, de las cuales hay en trámite 217 averiguaciones. En consumidor, en enero se presentaron 4.000, la gran mayoría relacionadas con Avianca y Viva Air. 

Trabajamos estrategias de acompañamiento ciudadano para la economía popular y los diferentes sectores, para darles acceso a las herramientas de la Superintendencia y tener mayores garantías. 

¿Qué desafíos ve hacia adelante en la entidad? 

Tenemos que mejorar mucho en métodos de trabajo para reducir los tiempos de respuesta, estamos trabajando en una serie de programas que faciliten la divulgación, la capacitación y la transferencia de conocimiento orientado a la economía popular, al desarrollo empresarial territorial y de la industria. 

Tenemos que desarrollar estrategias de articulación con las diferentes entidades, para que cuando se trate de delitos transnacionales tener la posibilidad de actuar en el marco del ordenamiento legal, pues hay algunos impedimentos. 

Necesitamos reducir los altos índices de impunidad que existen en algunos delitos y necesitamos trabajar más de la mano con la Fiscalía General, la Procuraduría, la Agencia Jurídica de Defensa del Estado para que haya más reciprocidad de intercambio de información, lo mismo que con otras superintendencias para que la ciudadanía entienda el marco de competencias que tenemos; se necesita, precisamente, una labor de articulación y de coordinación para dar mejores resultados de cara a la protección de los derechos de los consumidores.