Alarmante panorama en el Caribe ante altos costos de la energía

“Comemos o pagamos la luz” es el dilema que miles usuarios del servicio eléctrico en el Caribe colombiano dicen que afrontan ante el incremento de las tarifas del recibo de luz.

La frase se ha convertido en un lema presente en los carteles y pasacalles que salen a relucir en las frecuentes marchas, cacerolazos y jornadas de protestas en contras de las empresas Air-e y Afinia, prestadoras del servicio en la región.

Lo grave de este asunto es que la región Caribe tiene una de las tasas de pobreza monetaria más altas del país, por lo que el incremento en las tarifas de los servicios públicos genera una problemática social que cada día aumenta por la falta de una solución y amenaza con desbordar en hechos de violencia.

El inconformismo en los siete departamentos es creciente y se refleja en las permanentes ataques contra las infraestructuras de las dos empresas y sus operarios, convirtiéndose uno de los agentes perturbadores del orden público.

Tan solo durante los últimos días se han registrado bloqueos y varios hechos violentos en diferentes municipios de la región.

Cartagena Cómo Vamos (CCV) elaboró un análisis para comprender qué está pasando con el tema de las tarifas de energía en esta parte del territorio nacional. Una de las primeras conclusiones del estudio reveló que los habitantes de Barranquilla y Cartagena pagan precios exorbitantes por prender la luz, comparados con el resto del país.

Revisando tarifas de los operadores de energía eléctrica de las principales capitales del país, se evidenció que en A-ire en Barranquilla, en marzo de 2024, el costo del valor del kilovatio fue de $ 1.211,29; le sigue Afinia en Cartagena, en $ 1.095,64; en tercer lugar, EPM en Medellín, con $ 884,21; el cuarto lugar es para Enel en Bogotá, con $ 882,3; y por último, Emcali, con $ 877,7.

Los gremios y empresarios no se han quedado con los brazos cruzados ante la problemática. Uno de los principales argumentos es que las altas tarifas de energía son un ataque al desarrollo y la competitividad de la región.

Por eso levantaron la voz contra la reciente resolución emitida por la Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg), la cual establece un programa transitorio de incentivos al uso eficiente de energía eléctrica. Esta disposición implica un aumento del 30 por ciento en el costo por cada kilovatio adicional al consumo diario promedio para los usuarios de los estratos 1, 2 y 3, y del 50 por ciento para los estratos 4, 5 y 6. En el caso del sector comercial e industrial, la multa podría alcanzar hasta el 100 por 100.

Zandra López, presidenta del Comité Intergremial, expresó que “esta resolución es una nueva injusticia aplicada a los usuarios de la costa Caribe. No es equitativa ni proporcional y va a traer como consecuencia un impacto negativo en la competitividad, en la rentabilidad de las empresas y, por supuesto, un aumento del contrabando de energía”.

A su turno, Efraín Cepeda Tarud, líder de Intergremial Atlántico, señaló que esta medida solo resultará en facturas más elevadas en momentos en que ya son difíciles de pagar, lo que podría exacerbar tensiones sociales y desencadenar otras crisis.

Esta semana hubo en el Congreso un nuevo capítulo en el tema tarifario, con el debate de control político sobre los altos cobros a las poblaciones costeñas. El espacio fue liderado por el representante Wadith Manzur y allí se revalidó el compromiso del gobierno Petro de buscar bajar las tarifas en el Caribe.