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Luego de que el Tribunal Administrativo del Valle declaró la nulidad del acuerdo 0373 de 2014, por lo que el Plan de Ordenamiento Territorial (POT) de Cali quedó inválido surgieron dudas entre concejales, la actual Alcaldía y la misma ciudadanía sobre el impacto que tendría para la ciudad.
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Pero ahora, ese difuso panorama para el desarrollo de Cali tiene un nuevo horizonte. Durante 30 meses más, es decir, dos años y medio, estará vigente el POT que viene desde aquel 2014, debido a que el Tribunal aclaró que el acuerdo 0373 se mantenía hasta que la Administración presente otro POT y sea aprobado en el Concejo distrital.
El Tribunal prolonga los efectos de dicha decisión por los 30 meses, contados a partir de la ejecutoria de la sentencia 129 del 25 de abril de 2024.
“Celebramos la respuesta a los argumentos técnicos, jurídicos, financieros, sociales, económicos y ambientales que expusimos al Tribunal, dando un parte de tranquilidad a la ciudadanía de un plazo moderado para su revisión y actualización”, destacó el director de Planeación de Cali, Diego Hau.
El fallo del Tribunal es parte de una historia jurídica que empezó hace una década por una demanda interpuesta por el abogado Gustavo Adolfo Prado Cardona contra la alcaldía de Cali, después de la aprobación del POT en ese 2014. El distrito tuvo en un comienzo un fallo a favor, que fue apelado por el demandante Prado Cardona y por el cual, el Tribunal emitió su sentencia en segunda instancia dentro del proceso jurídico.
Uno de los riesgos que en su momento resaltó Hau, es que la nulidad del POT le quitaba “al distrito las herramientas técnicas, jurídicas y normativas para garantizar la protección y el cuidado de la vida de sus habitantes en áreas plenamente identificadas como de riesgo no mitigable por fenómenos naturales, como movimientos en masa, inundaciones y avenidas torrenciales, pues los curadores urbanos podrían expedir licencias urbanísticas en sectores que el acuerdo 0373 de 2014 catalogó como no aptos para el desarrollo”. El riesgo iba abarcar 3.508,5 hectáreas de toda la ciudad.
A su vez, con la nulidad del POT, 5.5.72 unidades habitacionales en etapa de preventa, de las cuales, 3.495 corresponden a vivienda de interés social se iban a quedar sin posibilidad de licencias urbanísticas, afectando a unas 6.000 familias y a la economía de Cali, dijeron en la Alcaldía. Además, los planes maestros del Espacio Público, de Equipamientos, y de Servicios Públicos Domiciliarios y de las TIC, así como lineamientos en las actuaciones urbanísticas y de planificación rural perdían sustento.
El presidente del Concejo, Carlos Andrés Arias, ha sostenido que la Alcaldía debe trabajar en un nuevo POT para subsanar la nulidad.
La cabildante María del Carmen Londoño solicitó a los entes de control nacional investigar si la nulidad del POT "se dio por abuso de autoridad del procurador regional para favorecer intereses de familias prestantes o si hubo inducción al error por el alcalde”.
Según el Concejo, la demanda que empezó la nulidad se refiere a un vicio de procedimiento durante el mandato del exalcalde Rodrigo Guerrero. El problema radicó en que la Procuraduría delegó a un alcalde ad hoc de la época, cuando el POT debía ser sancionado o aprobado por el alcalde.
De acuerdo con el cabildo, "el exalcalde presentó una solicitud a la Procuraduría regional para esclarecer un impedimento por intereses sobre tierras de su familia.
CAROLINA BOHÓRQUEZ
Corresponsal de EL TIEMPO
Cali
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