El complicado reto de proteger a las mujeres de los feminicidios en el Valle

"Toda la comunidad de Buenaventura, especialmente en el barrio Miraflores, está consternada tras el feminicidio", dice Merlín Córdoba Martínez, gestora Social del Distrito.

Según el comandante de la Policía de Buenaventura, coronel Oleskyenio Flórez, la niña habría denunciado que el hombre la estaba tocando de manera indebida y que la acosaba. Murió por cuatro heridas con un arma blanca.

El presunto victimario, por su parte, falleció en un centro asistencial a causa de las heridas que le provocaron los vecinos que, encolerizados, fueron por él tras darse cuenta del hecho.

Más al norte del departamento, en La Unión, los gritos de Diana Carolina Serna - registrados por cámaras- no impidieron que su expareja la alcanzara en plena vía pública del barrio el Jardín para posteriormente asesinarla.

A estos casos se les unió el de Valentina Zúñiga Urdinola, de 23 años, en Cali. En Yumbo, en cambio, una mujer sobrevivió a un intento de feminicidio en una óptica del barrio Bolívar, cuando un hombre vestido vestido de blanco entró al local dispuesto a agredirla con un machete.

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Según el Observatorio Colombiano de Feminicidios, entre enero y diciembre de 2023 se registraron 52 feminicidios en el Valle del Cauca y en lo que va de este 2024 van más de 200 denuncias de violencia de género.

El Valle fue el tercer departamento con más casos y hay algunos que podrían sumarse, esperando el esclarecimiento de las autoridades, como es el caso de Luz Enith Céspedes, cuyo cuerpo fue encontrado en zona rural de Dagua el 2 de enero de este año con signos de abuso y empalamiento, señales que sus allegados interpretan como un claro acto de feminicidio.

Ahora bien, con los primeros tres casos tipificados como feminicidios por la Fiscalía en este 2024, en el departamento vallecaucano se encendieron las alarmas para evitar que el preocupante panorama de las mujeres siga siendo el mismo.

La gobernadora Dilian Francisca Toro convocó el pasado 29 de enero el primer consejo de seguridad de mujer, con la participación de actores que hacen parte de la ruta de atención a víctimas de violencias basadas en género. Allí se definieron acciones para enfrentar la situación que ya dejo víctimas en Buenaventura, La Unión y Cali.

"Se plantearon acciones claves como la descentralización territorial de los consejos de seguridad que permita hacer seguimiento a la ruta de atención, identificando vacíos y proponiendo nuevas herramientas que posibiliten una mejor y más efectiva reacción en situaciones de riesgo", comenta la secretaria de Mujer, Equidad y Diversidad Sexual del Valle, Yurani Andrea Ordóñez Rengifo.

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Una de las principales acciones se centrará en la activación oportuna de la ruta de atención para las mujeres en riesgo elevado de feminicidio. "Van a tener personal especializado en psicología y trabajadores sociales para acompañarlas. Además, la Policía ya está trabajando en un botón de pánico para que puedan activarlo y de esa manera, la autoridad pueda actuar más rápidamente", especificó Toro.

Ordóñez describe que esta última iniciativa consiste en la implementación de de una opción dentro de la app de la 'Patrulla Púrpura" de la Policía Nacional para que lo puedan usar aquellas mujeres que además de encontrarse bajo una medida de protección, presenten un riesgo alto o extremo de feminicidio.

"Vamos a estar muy pendientes de los avances que nos digan desde la Policía y a las indicaciones para apoyar lo necesario y en cuanto se tenga listo, poder presentarlo y ponerlo a disposición de la comunidad", dice.

Ahora bien, la directora del Observatorio para la Equidad de las Mujeres, Lina Buchely, recalca que el feminicidio es solo "la punta del iceberg" o el hecho notorio que queda a la vista de todos. "Esta precedido de una cantidad de acciones cotidianas que omitimos", sostiene.

De acuerdo con el Observatorio de Género del Valle del Cauca (Ogen), en el 2023 se presentaron 10.584 casos de violencias basadas en género que incluyen, además de feminicidios, casos de violencia intrafamiliar y delitos sexuales.

Por su parte, el último informe de Cali Cómo Vamos señaló que en la capital del departamento las mujeres representaron 82 de cada 100 casos de violencia intrafamiliar durante el 2023.

En relación con la violencia sexual, se reportaron 718 casos de exámenes médicos por presunto delito sexual. En ese sentido, las mujeres representaron 91 de cada 100 casos.

La Ogen agregó que la mayoría de sobrevivientes son mujeres jóvenes entre 18 y 28 años.

Una de las conclusiones del primer consejo de seguridad de mujer fue la necesidad de unificar las líneas telefónicas donde las mujeres hacen las denuncias. De esta manera, dicen las autoridades, se podría saber de mejor manera los casos específicos que hay en el Valle.

Ghina Castrillón Torres, politóloga feminista e investigadora de la Fundación Paz y Reconciliación (Pares), advierte que los recursos económicos y humanos deben ser mayores en los espacios de atención, pues actualmente pueden estar recibiendo muchos casos y los y las profesionales terminan desbordadas.

"Al ver que en varios de los casos de feminicidios, las víctimas ya habían denunciado previamente su situación, pues se debe fortalecer el sistema de atención para que a partir de la recepción de las denuncias de cualquier tipo de violencias de género se logre llevar a cabo un monitoreo y seguimiento continuo para poder ir evaluando el comportamiento de los casos", explica.

Por otro lado, la experta considera igual de importante que la responsabilidad de la prevención no caiga únicamente en las continuas denuncias de las mujeres, sino en el trabajo diferenciado con los agresores.

"Al ver que en varios casos hay denuncias previas, me parece importante ubicar la manera de trabajar con los agresores para transformar su comportamiento, vemos que siempre las campañas le dicen a las mujeres que identifiquen la situación de riesgo para poder denunciar, y está bien, pero ¿y los hombres agresores? Ya al tener los datos a partir de las denuncias, pues se debe trabajar con ellos también con acompañamiento psicosocial y otras estrategias", puntualiza.

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No obstante, Lina Buchely insiste en que es necesario abordar la problemática desde los cimientos y pensar en políticas públicas que construyan un ecosistema de equidad para las vallecaucana y las mujeres en general: "¿Qué se podría hacer para evitar los feminicidios? Pues mejorar de manera la experiencia de vida de las mujeres. Tenemos una brecha salarial del 13 por ciento, casi el 50 por ciento en indicadores de propiedad, participamos políticamente la mitad de lo que hacen nuestros pares varones. Seguramente con eso habría unos mejores escenarios", argumenta.

Al pasar las horas del feminicidio de Diana Carolina Serna, se conoció que su presunto victimario, identificado como Hernando de Jesús Suárez Hernández, había acabado de salir de la cárcel con un permiso de 72 horas.

El hombre, de 44 años, ya registraba incluso anotaciones y antecedentes por violencia intrafamiliar y extorsión, como lo confirmó el comandante de la Policía del Valle del Cauca, coronel Giovanni Cristancho.

Para Buchely, esto demuestra que las autoridades judiciales y penitenciarias no están haciendo un seguimiento juicioso a los protocolos de género que ha suscrito el estado colombiano. "En la mayoría de los casos, los perpetradores están dentro del sistema penitenciario y su conducta es valorada como positiva por lo que reciben permisos de buena conducta que ellos utilizan para llegar hasta el destino final de sus víctimas".

Para dar esta clase de autorizaciones, añade, tendría que revisarse de manera especial la situación concreta de las posibles víctimas que están en el perímetro de alcance del perpetrador. "Eso en ninguno de los casos se realizó y las cosas terminaron como terminaron", alega.

Por su parte, Ghina Castrillón agrega que debe haber una atención especial en los casos en donde el agresor pueda estar relacionado con grupos armados, ya que "en el Valle

tenemos ciudades bastantes complejas como Jamundí, Tuluá, Buenaventura, en donde el accionar de estos grupos complejiza la atención de los casos".

"En ese orden de ideas, se determinó también que la violencia contra las mujeres que viven en la ruralidad exige nuevos actores a vincular como son las Juntas de Acción Comunal, que tienen dentro de sus funciones el cumplimiento de los derechos humanos de su comunidad ante las autoridades municipales y departamentales y que será una tarea prioritaria su sensibilización y formación sobre los asuntos que promuevan la equidad de género y el acceso a la justicia como factor prioritario", explica la secretaria de Mujer del Valle.

Mientras que los feminicidios en Buenaventura, La Unión y Cali siguen avanzando en sus etapas legales, la funcionaria hace un llamado también a la comunidad, para acompañar a las mujeres que están siendo víctimas de violencias de género, "recordarles que no es normal que ocurran estas situaciones, que no son culpables y sobre todo, que no están solas", señala.